Hannia Novell

Inició la cuenta regresiva en el Instituto Nacional Electoral (INE). Con la aprobación del método para elegir a cuatro consejeras o consejeros del órgano electoral, la Cámara de Diputados tiene en sus manos la oportunidad de demostrar su compromiso con la democracia y, sobre todo, reconocer la importancia de cuidar la autonomía e independencia de la autoridad en la materia.

Justo un grupo de académicos y especialistas electorales —entre los que se encuentran María Amparo Casar, María Marván, Jacqueline Peschard, Pedro Salazar, Eduardo Bohórquez, Salomón Chertorivski y Enrique Cárdenas—, publicaron recientemente un decálogo para evitar el desmoronamiento del sistema electoral mexicano.

Se trata de evitar, a toda costa, que el proceso de designación de quienes sustituirán a Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade en el Consejo General del INE, se convierta en una nueva edición de negociaciones y pactos inconfesables, pagos de cuotas y moneda de cambio que sólo minan la independencia y fortaleza de la autoridad encargada de organizar las elecciones en México.

La transparencia y el Parlamento Abierto serán la clave para dotar de legitimidad a este proceso legislativo. A la luz del bochornoso episodio que encumbró a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), resulta imperioso garantizar la participación social y el seguimiento puntual de todas las etapas del proceso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es un fantasma viviente en este tipo de procesos. Acostumbrado a decidir por los demás y marcar línea, como en los viejos tiempos priistas, busca socavar los organismos independientes para plegarlos a sus intereses y necesidades del momento.

Desde luego, grupos radicales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscan apropiarse de las cuatro vacantes en el INE, como un intento por deslindar a AMLO. Olvidan que durante sus tres intentos por llegar a la Presidencia, López Obrador no ha hecho otra cosa sino desprestigiar a las autoridades electorales; y, una vez en el poder, torpedea el funcionamiento del organismo autónomo con recortes presupuestales.

Si al primer mandatario no le interesa garantizar la celebración de elecciones limpias y con condiciones equitativas, está visto que hay un robusto grupo de ciudadanos decididos a seguir con lupa cada uno de los momentos, para evitar la detonación del sistema electoral en México.

De ahí la exigencia de transparentar y discutir públicamente los perfiles. Que desde el principio quede claro que si alguno de los aspirantes divulga información falsa o intencionalmente omite información relevante para su evaluación, será causal fulminante de eliminación y quedará fuera del proceso de selección. 

Será conveniente también que en la ruta de la designación haya una perspectiva de género que garantice una integración paritaria, diversa y plural del Consejo General, en beneficio de los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos. 

Cuatro listas, con cinco integrantes cada una, serán sujetas a evaluación. Los diputados deberán centrar su atención en la experiencia, formación académica y conocimiento en materia electoral, además de dos factores importantes para obtener el requisito de idoneidad: integridad a toda prueba y una declaración pública donde los aspirantes garanticen que no tienen conflictos de interés.

Las nuevas consejeras y los nuevos consejeros del INE, que sean seleccionados por la Cámara de Diputados, ocuparán ese cargo del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029, por lo que la ruta legislativa del proceso de designación tiene el martes 31 de marzo como fecha límite. 

Los ciudadanos tenemos que cuidar y defender nuestra democracia en la que tantos recursos se han invertido. 

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