La incidencia delictiva y los niveles de violencia se han recrudecido en México. Masacres, personas desaparecidas en carreteras, ciudades enteras bajo fuego y los cárteles del narcotráfico desafiando al Estado mexicano, es el saldo del fracaso de la política contra el crimen que ha puesto en marcha el gobierno.
Alfonso Durazo y Rosa Icela Rodríguez han sido incapaces de elaborar y poner en marcha una estrategia contra el crimen y la violencia. Está claro que la política de “abrazos y no balazos” ha sido, incluso, contraproducente, porque los grupos criminales están más empoderados que nunca.
Desde julio de 2020, integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hicieron todo un despliegue de armamento y equipo, mostrando la fuerza de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en las tierras de Jalisco y Michoacán.
Un año después, los habitantes de Aguililla, Michoacán, siguen siendo asediados por los criminales y la respuesta oficial es la indiferencia y la incapacidad. Los lugareños son víctimas de secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos, mientras las fuerzas de seguridad ciudadana y las tropas militares voltean hacia otro lado, indiferentes, abandonando a los ciudadanos a una suerte violenta y cruel.
El ejecutivo le pide a la población que no encare a los grupos de la delincuencia organizada, pero no hay autoridad alguna que enfrente a los perpetradores de la violencia y proteja la vida y los bienes de una sociedad lastimada y al borde de la muerte.
El reporte más reciente de la asociación Causa en Común, revela que los criminales se han apoderado de varias zonas del territorio nacional, desde Baja California hasta las costas de Quintana Roo, y se han cometido dos mil 543 delitos violentos de alto impacto, con un saldo de tres mil 295 víctimas.
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas son las entidades federativas con los más altos niveles de violencia y el mayor número de víctimas mortales, entre enero y junio de 2021.
El informe destaca el caso de los hermanos González Moreno quienes fueron capturados con violencia de su domicilio en la ciudad de Guadalajara por un grupo armado, para después ser localizados sin vida, con huellas de tortura, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca.
No son casos excepcionales. Causa en Común refiere que los primeros seis meses de este año se han registrado 428 casos de tortura; el descubrimiento de al menos 424 fosas clandestinas; 339 casos de descuartizamiento y destrucción de cadáveres; el asesinato de 117 actores políticos y funcionarios, y al menos 257 masacres.
Sólo en la semana del 21 al 27 de junio se registraron tres masacres: Salvatierra, Guanajuato, siete muertos; Zacatecas, nueve muertos, entre ellos dos policías, cuyos cuerpos fueron colgados en un puente; y Reynosa, Tamaulipas, en donde un comando armado disparó contra grupos de civiles causando la muerte de 16 personas.
Resulta urgente que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSC) se homologuen capacidades y procedimientos de los cuerpos policiales de los estados, a fin de que toda la estructura de investigación, persecución y combate de la delincuencia, funcionen coordinadamente.
Sin estrategias gubernamentales para combatir y erradicar de manera integral la violencia y el clima de impunidad, el país entero seguirá siendo víctima de la barbarie y los grupos criminales continuarán con su desafío al Estado mexicano. Los números son espeluznantes, los gritos pidiendo ayuda, también.
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