México vive uno de los capítulos más negros de su historia contemporánea. La violencia —feroz e insaciable— ha tomado el control de un país asediado por sanguinarios cárteles del narcotráfico; acribillado por la tormentosa desaparición de personas y el doloroso hallazgo de fosas clandestinas, y acosado por los horrores del secuestro y la extorsión.
El gobierno que quiere hacer historia ya rompió los récords de violencia. Cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que de enero a marzo se registraron ocho mil 493 homicidios dolosos en todo el país, un aumento de 9.6%, respecto al mismo periodo de 2018, el año más violento de todos los tiempos.
Guanajuato y el Estado de México son las entidades federativas más violentas de todo el país, pero el caso de Veracruz —con 862 homicidios registrados durante el primer trimestre—, incluye un factor adicional de preocupación: un incremento considerable en la tasa de secuestros. Diariamente, 1.3 personas son secuestradas, casi cuatro veces más que la media nacional.
Y fue ahí, en Minatitlán, Veracruz, donde una fiesta de cumpleaños terminó en tragedia. Un grupo de sicarios irrumpió en el festejo y masacró a 13 personas, entre ellas, un bebé. Los gatilleros usaron durante el despiadado ataque armas largas y cegaron la vida de mujeres, personas de la tercera edad y niños. La música se convirtió en llanto, la fiesta en tragedia.
Si las cifras son reveladoras y contundentes, los hechos y los testimonios de las víctimas son estrujantes, demoledores. Como dardos envenenados, impactan en el corazón del líder moral de la 4T, como si quisieran obligarlo a mirar la realidad, sin inventar cifras ni ofrecer datos falsos.
Mientras la violencia crece, el derramamiento de sangre se extiende y la muerte viste de luto a millones de familias, la clase gobernante permanece indiferente al dolor, a la desgracia.
El gobierno de Veracruz, encabezado por el morenista Cuitláhuac García, un día sí y otro también señala al fiscal, Jorge Winckler, por su incapacidad para investigar y resolver casos. Es el responsable de la impunidad, acusa. Mientras que el fiscal, en aras de su autonomía, desafía al gobierno del estado y parece más atento a los intereses e instrucciones del exgobernador Miguel Ángel Yunes.
Y si las escenas de horror no fueran suficientes, la tarde del pasado domingo 21 de abril, una mujer y una joven de 15 años murieron cuando un vehículo se les emparejó y disparó contra la camioneta tipo Jeep color blanco en la que viajaban, sobre la avenida Lázaro Cárdenas de Comalcalco, Tabasco. Un bebé de ocho meses también resultó lesionado, mientras que un niño de 10 quedó en shock.
Pese a la magnitud de la tragedia, los órganos del Estado se niegan a reconocerla. Los legisladores tomaron un largo puente vacacional y dejaron para el final del periodo ordinario la aprobación de la Estrategia de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Registro de Detenciones y la Ley de Uso de la Fuerza.
Paralelamente, el presidente López Obrador utiliza una retórica indolente, ofensiva, absurda y repetitiva al atribuir a la masacre de Minatitlán, como tantas ejecuciones que diariamente se registran en el país, a la “herencia de una política económica antipopular y entreguista”.
A su vez, la oposición permanece inerte, absorta en sus propias grillas internas, concentrada en el reparto de pedacitos de poder y canonjías.
Y esto demuestra que el llamado desesperado para recuperar la paz en todo el territorio nacional, se convierte en un grito sordo.