Las redes sociales han desempeñado un papel protagónico en la vida política de diferentes naciones en el mundo. La comunicación instantánea y totalmente horizontal, sin jerarquías, husos horarios ni límites geográficos fueron la clave de su popularidad.
Utilizadas por artistas, deportistas, políticos, empresarios, iglesias, gobernantes y ciudadanos de a pie, plataformas como Facebook, Twitter y YouTube hicieron crecer —en buena medida— las protestas populares que tuvieron lugar en países como Egipto y Túnez, entre 2010 y 2012; y el movimiento MeToo, que nació en 2017 contra el acoso sexual y la violencia machista.
Si la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas son pilares fundamentales de la democracia, cualquier intento por regular las redes sociales resulta peligroso, sobre todo, cuando detrás de esas pretensiones está impedir que las figuras en el poder sean silenciadas por las plataformas digitales, como ocurrió con el expresidente Donald Trump cuando sucedió el asalto al Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos.
A diferencia de otros países que buscan evitar el florecimiento del extremismo ideológico, detener los discursos de odio y eliminar las apologías de la violencia, en el partido Morena están determinados a establecer límites al funcionamiento de las benditas redes sociales.
Con una regulación, el partido en el poder pretende censurar las redes sociales. Están decididos a controlar la agenda política, el debate público y la discusión ciudadana, justo cuando se desarrolla el proceso electoral más grande de la historia de México.
No sería la primera vez que los hombres en el poder practiquen la censura. En Irán, por ejemplo, durante la época de elecciones o conflictos políticos, el gobierno regula la conexión a Internet en todo el país para dificultar las comunicaciones y obstaculizar la organización de las voces disidentes.
En el caso de México, los legisladores de Morena pretenden distraer la atención de sus objetivos reales. Aparentan defender la libertad de expresión frente a las poderosas plataformas digitales, aseguran que sólo están interesados en evitar que una empresa privada censure unilateralmente el contenido de los mensajes que los usuarios publican en sus cuentas y argumentan que el ciberespacio y las redes públicas pertenecen a la Nación.
En realidad, lo que Morena busca es ejercer un control absoluto de la información que circula en las redes sociales, asegurar que la voz presidencial tenga un papel protagónico durante los comicios y meterlo en la boleta electoral, cuando la batalla política está detrás de las curules y escaños del Congreso de la Unión.
El gobierno, que encontró en las redes sociales el motor de su propaganda, dejó atrás los afanes libertarios y encontró un nuevo adversario. Después de ser beneficiarios de la apertura y libre discusión de las ideas, de la utilización de espacios alternativos a los medios tradicionales y del empleo de la plataforma de Twitter para promover el odio contra sus detractores, Morena le apuesta al veto y a la censura.
La libertad de expresión y la libre circulación de las ideas en las redes sociales son un instrumento fundamental para evaluar el desempeño de los gobiernos, ya sea sobre el número de muertos por Covid, la ola expansiva de contagios, la insuficiencia de hospitales con equipo especializado, el mercado negro de oxígeno, la falta de vacunas y la interminable cifra de desempleados. Esa es la información que debemos conocer, no los odios, afrentas y noticias falsas. Y los canales alternativos son necesarios.