El Congreso de la Unión analizará en el actual periodo ordinario de sesiones, que inició este sábado, un conjunto de reformas al sistema de administración y procuración de justicia que representa un salto al pasado y el inefable regreso de la sistemática violación a los derechos humanos de las personas acusadas por cometer algún delito.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está desesperado por bajar los niveles de violencia y criminalidad y para ello está dispuesto a revertir los avances del sistema penal acusatorio: pruebas falsas, la detención de sospechosos por tiempo indefinido, autoincriminaciones y declaraciones falsas producto de la tortura, y el peso total de la investigación en el Ministerio Público. Un “Presunto Culpable reloaded”.
La revisión de los documentos que han sido filtrados a la prensa provocó una reacción crítica y negativa entre especialistas y legisladores de oposición, quienes entienden la crisis de inseguridad que existe en todo el territorio nacional, pero consideran inadmisible llenar las cárceles —otra vez— de personas inocentes.
Es posible que el grupo en el poder haya determinado emprender la vieja estrategia de filtrar los documentos de trabajo para medir las reacciones y, en su caso, realizar algunos ajustes.
Sin embargo, para los opositores al régimen de AMLO no pasan desapercibido dos elementos desalentadores: que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha permanecido inmóvil y silenciosa en torno a este foco de alarma; y los roces y desencuentros existentes entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dos pilares del gabinete de seguridad.
Al cierre de esta edición, trascendió que hay dos paquetes de reformas para rediseñar la actual arquitectura judicial, que serán enviadas en la primera quincena de febrero.
El primero se refiere a un conjunto de modificaciones constitucionales en materia de administración de justicia. Dicho proyecto ha sido trabajado en Pino Suárez 2 bajo la batuta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aún están por definir si este proyecto de iniciativas será presentado a nombre de la Corte por algún legislador, o si el presidente López Obrador firmará con su puño y letra el paquete de reformas.
En todo caso, la SCJN —garantista y defensora de los derechos humanos de todos— pierde dignidad e independencia al permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador la utilice para revertir el sistema acusatorio en aras de frenar la delincuencia y acabar con la impunidad. Sólo con su participación en las reformas, el Poder Judicial le otorgará a AMLO legitimidad y aval jurisdiccional a sus ocurrencias desesperadas.
El segundo paquete de reformas está relacionado con la procuración de justicia y estuvo en manos de Alejandro Gertz, titular de la FGR; Alfonso Durazo, titular de la SSPC; y de Julio Scherer, consejero Jurídica de la Presidencia.
Aquí es donde están los detalles de la ignominia: los superpoderes de los ministerios públicos, los excesos de la investigación criminal y los abusos en la persecución de delitos.
Centrar el debate en la importancia de los derechos humanos de las víctimas, por encima de los derechos de los acusados, y viceversa, es negar la urgente necesidad social de castigar a los criminales y terminar con la impunidad. La respuesta no está en la aniquilación ni el desmantelamiento del sistema de justicia penal acusatorio. Y esperemos que eso lo tenga claro la 4T.