México vive una nueva escalada de violencia política que resulta preocupante, ante la proximidad de las elecciones que se realizarán el 6 de junio.
En el discurso desde Palacio Nacional, prácticamente ha desaparecido el tema de la violencia. Sin embargo, la realidad es alarmante, porque la falta de garantías de seguridad para el desarrollo de las contiendas podría descarrilar las elecciones, con docenas de políticos asesinados.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana refiere que desde septiembre de 2020 —cuando inició oficialmente el proceso electoral actual— hasta el 28 de febrero, se registraron 73 incidentes de violencia política que dejaron un saldo de 64 víctimas. Asesinatos que se han concentrado en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Las elecciones más grandes de la historia democrática de México —con más de 21 mil cargos de elección popular en juego, incluyendo 15 gobernadores, la renovación total de la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales, además de mil 926 Ayuntamientos y juntas municipales—, representan un botín codiciado que no sólo disputan las fuerzas políticas. También el crimen organizado está decidido a intervenir.
Existe la hipótesis de que los caciques políticos usan la violencia porque ven amenazado su poder. Ahí está el caso de las amenazas de muerte que Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, recibió y denunció durante la primera semana de marzo, después de sufrir actos de intimidación para obligarlo a sumarse al partido Morena.
“Sé que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo”, advirtió en su cuenta de Twitter.
Lo cierto es que parecería que es el crimen organizado el que está empeñado en presionar y eliminar a quien sea necesario, para imponer a los candidatos que les permitirán extender sus redes de protección y mantener la producción, distribución y venta ilegal de estupefacientes.
El estado de Veracruz, por ejemplo, ha sido escenario de una infame violencia política. Con el asesinato de José Melquiades Vázquez Lucas, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de La Perla, la entidad suma cuatro los políticos asesinados en los dos primeros meses de 2021. La lista podría crecer, dado que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano han confirmado que algunos de sus precandidatos también han recibido amenazas y han sido víctimas de agresiones.
El enorme riesgo que representa la violencia en tiempos electorales es que la decisión final de las elecciones intermedias no quede en manos de los 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, sino en los cárteles de la droga: el crimen organizado como el gran elector.
Los candidatos impuestos por la delincuencia mañana serán los gobernantes que serán cooptados y amenazados para continuar con la larga estela de la violencia impuesta por las bandas criminales: homicidios, secuestros y extorsiones, así como el control económico y policiaco de los territorios.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero encabeza la Estrategia de Protección en Contexto Electoral y a ella corresponde sumar los esfuerzos de la UIF, el CISEN y los gobiernos de las 32 entidades federativas para evitar que la violencia política se desborde. El reto es impresionante: impedir que en 2021 la violencia supere las 700 agresiones y los 152 asesinatos de políticos que se registraron en la elección presidencial de 2018. Son tiempos violentos, ¿podrá regresar la calma este gobierno?