Hannia Novell

El presidente Andrés Manuel López Obrador está enfrascado en la realización de una consulta para juzgar a expresidentes, cuando debería estar atento a gobernar y a garantizar el desarrollo seguro de los comicios de 2021. 

Mientras las autoridades electorales se preparan para la elección más grande en la historia de México, las fuerzas de seguridad permanecen arrodilladas frente al poder de fuego del crimen organizado y el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, está cerca de presentar su renuncia para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. 

Son 21 mil 368 los cargos de elección popular que estarán en disputa y la vida de todos esos candidatos estará en riesgo, de prevalecer las condiciones de violencia e inseguridad, así como el desatino oficial en la definición de prioridades. López Obrador parece que quiere caminar sobre cadáveres.

Las elecciones de 2018 estuvieron plagadas de violencia. Candidatos de todos los partidos políticos, en diversos estados del país, fueron víctimas de homicidios, secuestros, amenazas y otros actos ilícitos. 

Fueron ataques contra la vida de candidatos, precandidatos, dirigentes partidistas, alcaldes y síndicos, pero también atentados contra la integridad de la democracia en México.

De acuerdo con un análisis de Arturo Alvarado, investigador del Colegio de México (Colmex), durante el proceso electoral 2017-2018, se registraron 366 agresiones contra políticos, entre precandidatos o candidatos a puestos de elección, así como funcionarios cuya designación no depende del voto popular. 

Estas agresiones tuvieron un saldo fatal de 140 políticos. 

Al inquilino de Palacio Nacional se le olvida que el partido político más afectado por los actos de violencia cometidos, durante los comicios del 2018, fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

El mismo estudio señala que el 27.6 por ciento de los atentados registrados en 2018 fueron contra candidatos de Morena; 16.9 por ciento contra abanderados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y 16.4 por ciento contra aspirantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sólo esas tres fuerzas políticas, acumularon la mitad de las agresiones.

En cuanto a homicidios, el PRI fue el instituto político más afectado con 32 casos, el PRD con 27 y Morena con 23. Y las entidades más afectadas por la violencia política fueron Guerrero, Oaxaca y Puebla. 

El análisis del Colmex refiere que en las elecciones federales de 2012 se registraron cinco asesinatos; en 2016 fueron siete asesinatos y un atentado; y en 2018, 366 delitos entre amenazas, asesinatos, atentados, secuestros, extorsiones y actos de vandalismo. No obstante, advierte que la violencia política crece durante las elecciones intermedias, como los comicios que celebraremos en 2021.

Este año, los medios han reportado cinco políticos ejecutados en Guerrero. El caso más reciente fue a finales de agosto, con el asesinato de Herón Sarabia, excandidato de Morena a la alcaldía de Arcelia. 

En julio, fue secuestrado y ejecutado el vocero de la Fiscalía de Guanajuato, Elihú Ojeda Vallejo, y el coordinador de Morena en Moroleón, Alejandro Gordillo. En junio, fue asesinado un regidor del municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, Guillermo Esquivel Esquivel.

José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), tiene un enorme desafío. Más allá de la alteración de los comicios, lo que está en juego es la integración de los gobiernos. El voto es un derecho de los electores, no puede ser un botín de los perpetradores de la violencia. 

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