El brutal ataque contra Omar García Harfuch, titular de la Policía de la Ciudad de México, demuestra el poderío del crimen organizado. Una delincuencia demencial, empoderada, usurpadora, determinada a retar y a humillar a la autoridad.
El ataque perpetrado en la capital del país -donde residen los tres Poderes de la Unión, las representaciones de otras naciones y las delegaciones de organismos mundiales-, pone en evidencia la vulnerabilidad de las áreas de inteligencia del Gobierno de México y la fragilidad del sistema de seguridad nacional.
Todos los días, miles de mexicanos se miran cara a cara con la muerte. Los datos oficiales así lo demuestran. Entre junio de 2019 y mayo de 2020, es decir, el primer año de funcionamiento de la Guardia Nacional, la cifra de víctimas de homicidio doloso fue de 32 mil 78 personas.
La existencia de ese cuerpo de élite, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de presumir, no ha frenado el avance del crimen organizado, el derramamiento de sangre ni los episodios de violencia. Si antes de la GN las muertes violentas ya habían roto récords históricos, con más de 14 mil 500 decesos, en los primeros cinco meses de 2020, la cifra llegó a 15 mil 16 asesinatos.
Si Omar García Harfuch, integrantes de la Guardia Nacional y hasta elementos del Ejército mexicano han sido blanco de la violencia, emboscadas, atentados y agresiones de diversa índole, pero siempre con resultados letales, resulta importante reflexionar en torno a la vieja figura del Estado Mayor Presidencial.
Esa institución que, desde el principio de su sexenio, el inquilino de Palacio Nacional determinó desaparecer por considerar que constituía una burocracia de élite, innecesaria para el quehacer público.
Con total irresponsabilidad, el presidente López Obrador dejó su seguridad personal en manos de aficionados, con escoltas de “chocolate”. En un país donde se registran 97.5 asesinatos diarios, el mandatario argumentaba que no requería seguridad, porque “el pueblo bueno lo cuida”.
Al paso de los días, las cosas han cambiado, aunque persiste ese discurso maniqueo. La falsa modestia de un hombre del pueblo, que asegura sentirse seguro, tranquilo y protegido por los ciudadanos, pero que, en realidad, empieza a ver con recelo la crispación social que él mismo ha provocado.
El hombre que recorrió el país con un Tsuru blanco ahora viaja en camionetas blindadas, pero sigue diciendo que es un hombre de pueblo, que viaja tranquilo por el país porque lo resguarda “el escudo protector de la honestidad” y “porque el corazón de Jesús está conmigo”.
Lo cierto es que todos los funcionarios del gabinete legal y ampliado ya dejan verse en automóviles blindados, en camionetas tipo Suburban, con choferes armados, auricular fijo y ese aspecto inconfundible: lentes, traje oscuro y corte de cabello tipo militar.
En un programa de radio, una reportera señalaba que a través de un recurso de transparencia, solicitó a la Secretaría de la Función Pública información acerca del grupo de escoltas y automóviles blindados que están a la disposición y uso de la secretaria Irma Eréndira Sandoval.
La respuesta, relató la periodista, fue irrisoria. No es posible atender la solicitud de transparencia, porque la dependencia pertenece al gabinete de seguridad nacional. ¡Qué pena!
No sólo existe una indisposición natural del gobierno de la 4T para rendir cuentas a la ciudadanía, sino que hay un desconocimiento completo de la ley y, sin empacho, mienten y manipulan la información a su conveniencia.