Hannia Novell

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es el primer reto serio que enfrentará la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta hace algunas semanas, el futuro gobierno había planteado tres alternativas: la cancelación del proyecto que se construye en Texcoco, su conclusión y puesta en marcha  — pero totalmente concesionado— y añadir dos pistas a la base militar de Santa Lucía, manteniendo en funcionamiento el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.

El pasado viernes 17, en conferencia de prensa —acompañado de quien será el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú—, el futuro mandatario eliminó de tajo una de las opciones: la concesión. De esta forma, sólo hay dos alternativas.

López Obrador añadió: “El pueblo es sabio”, por lo que en octubre, será él quien definirá el destino final del lugar donde se instalará la nueva terminal aérea a través de una consulta pública o una encuesta.

Para ello, el equipo del mandatario electo subió a su página de internet 283 documentos técnicos divididos en varias temáticas. Primero se incluyen los análisis del grupo de trabajo del equipo de transición de López Obrador.

Posteriormente se anexan “Documentos contra el NAIM”, con estudios de Fernando Córdoba (doctor en Ecología por la UNAM), Jean Francois Parrot (del Instituto de Geografía) y del senador Alejandro Encinas (autor del libro El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Política, Negocios y Poder), entre otros especialistas.

También se adjuntó la opinión de Mitre, una organización estadounidense sin fines de lucro con sede en Bedford, Massachusetts, que provee ingeniería de sistemas, investigación, desarrollo y soporte sobre tecnologías de la información al gobierno de Estados Unidos.

Además, en esos casi 300 documentos —muchos de ellos en inglés— incluyen un estudio sobre las aves que habitan en el terreno donde han insladado el nuevo aeropuerto, litigios pendientes e incluso un análisis sobre la factibilidad de ampliar el proyecto aeroportuario de Toluca.

Son miles de cuartillas de información técnica que “el pueblo”  deberá leer para formarse un criterio adecuado y dar una opinión informada en la consulta o encuesta que se haga.

El problema es que, al final, la consulta no servirá. ¿Por qué? Jiménez Espriú anunció que convocarán a una organización internacional de prestigio (no dio el nombre) para que emita otro dictamen.

Si ese nuevo documento confirma que es inviable que el actual aeropuerto y la Base Militar de Santa Lucía realicen operaciones simultáneas, como lo señala el dictamen de Mitre, esta opción que propuso López Obrador desde campaña sería descartada,
aun cuando la consulta ciudadana se incline por ella.

Me parece muy claro que la administración de López Obrador está enfrascada en un dilema: por un lado, el enorme costo que representaría la cancelación del proyecto de Texcoco (100 mil millones de pesos: 60 mil millones de pesos de obra ya realizada y 40 mil millones por gastos no recuperables), y por otro, el enojo que causaría en muchos de sus seguidores el incumplimiento de esa promesa de campaña. Pero además, la cancelación podría significar una muy mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros. Por eso la consulta ciudadana que podría no tener validez es una salida fácil.

Esta es la primera decisión de gobierno, ya no de una oposición, por lo que hoy lo que prevalece es la incertidumbre. ¿Y
dónde estará el aeropuerto?

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