Hannia Novell

Por el caso Odebrecht, el expresidente y su esposa fueron sentenciados a 18 meses de prisión preventiva.

No es una previsión de algo que podría ocurrir a partir de 2018. Es información real ocurrida en Perú.
El exmandatario Ollanta Humala y la exprimera dama, Nadine Heredia, fueron encarcelados por año y medio para evitar su fuga en tanto se desarrolla una investigación en su contra por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Podrían ser los primeros peces gordos en caer por uno de los más grandes casos de corrupción continental: los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a funcionarios de numerosos gobiernos durante varios años. Un escándalo de dimensiones todavía desconocidas que apunta a presidentes en funciones o no, secretarios de Estado, funcionarios de todos los niveles y partidos políticos.

El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias, a cambio de contratos, entre 2001 y 2016.

En cada una de esas naciones, las investigaciones sobre el llamado Lava Jato avanzan de forma distinta: mientras en algunas ya hay acusados y detenidos, en otras la investigación apenas empieza, pero en México, particularmente, el manto de la impunidad parece proteger a los involucrados.

En Brasil, por ejemplo, los sobornos se estiman en 349 millones de dólares a miembros del gobierno, partidos, ejecutivos y empleados de Petrobras, entre 2003 y 2016. Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa, fue condenado a 19 años de cárcel por entregar “propinas” al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y por financiar parte de la campaña del actual mandatario, Michel Temer. Ambos, por supuesto, han negado las acusaciones.

Hay pesquisas abiertas en Venezuela, República Dominicana y Ecuador. La justicia argentina investiga a Julio de Vido, ministro de Planificación en el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que en Colombia, las dádivas se calculan en 11 millones de dólares y por ellas ya fue detenido Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de Transporte, quien aceptó los cargos el 15 de enero pasado.

El contrato con Odebrecht en Guatemala se firmó para ampliar la Carretera CA-2 Occidente, que llega hasta la frontera con México. Los sobornos se produjeron durante la presidencia de Otto Pérez Molina, imputado formalmente desde julio de 2016 por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En México no se había señalado directamente a ningún implicado hasta que O Globo publicó que las “propinas” ascendieron a 10.5 millones de dólares que, según exdirectivos de la constructora, habrían sido entregados a Emilio Lozoya durante la campaña de Enrique Peña Nieto y en su gestión como director de Pemex.

En una carta aclaratoria, Lozoya Austin dijo que se trata de “imputaciones falsas, dolosas e inexistentes”. Dijo que son señalamientos que provienen de delincuentes confesos que pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas y concluyó que se trata de chismes.

La autoridad debe probar todas esas afirmaciones. Sin embargo, lo cierto es que en otras naciones ya comenzaron a rodar cabezas. Si es así, no fue por chismes, sino porque los ministerios públicos encontraron elementos suficientes para sustentar las acusaciones.

El problema en México es que la PGR es juez y parte. Sin juicios sumarios, los ciudadanos esperamos un investigación exhaustiva que determine hasta dónde llegaron los tentáculos de esta red de corrupción continental llamada Odebrecht.

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