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Francisco Pazos

El rescate financiero de Veracruz espera la autorización del Congreso del Estado para que el gobierno pueda crear uno o más fideicomisos sin estructura que le permitan acceder nuevamente a créditos con calificación AAA.

La estrategia pretende que los recursos federales, procedentes del Fondo General de Participaciones, que lleguen a los fideicomisos, sean desvinculados de la parálisis financiera que mantiene sepultada la economía estatal, bajo una deuda heredada por al administración de Javier Duarte, valuada en 45 mil 064 millones de pesos.

Transferir fondos federales frescos y con el atractivo de las calificaciones con grado de inversión que actualmente detentan las finanzas del gobierno federal, parece la alternativa más viable para sanar las finanzas de Veracruz y mantener a raya las notas de las calificadoras Moody’s, Fitch y HR Ratings, que mantienen la deuda veracruzana por debajo de los niveles mínimos aceptables para inversionistas privados en el sistema financiero mexicano.

La propuesta de decreto que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, entregó al Congreso del Estados el 24 de julio pasado, pretende lograr un refinanciamiento por hasta 46 mil millones de pesos, a través del respaldo de uno o más fideicomisos que serán fondeados con recursos de la federación.

Yunes ya cuenta con el respaldo del poder legislativo estatal para impulsar un proceso de reestructuración de la deuda pública, equivalente al 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, procedimiento que fue autorizado el 21 de marzo de este año a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad.

De acuerdo con documentación consultada por ejecentral, relacionada con la estrategia para reestructurar la deuda, el gobierno de Veracruz busca tres objetivos: tener nuevamente capacidad de liquidez, obtener tasas menores para los compromisos crediticios obtenidos y eliminar las condiciones excesivas adquiridas por las administraciones anteriores.

Al respecto, el gobierno estatal estimó que al desvincular los fondos del fideicomiso del riesgo de su deuda pública, las sobretasas a las que tendría acceso la entidad bajarían de 3.5 a .025%, lo que le ofrecería mejores condiciones financieras y permitiría destrabar las finanzas estatales.

La mecánica del rescate

El proyecto de decreto cuenta con cuatro características de operación y fin, además de que únicamente podrán ser operados por el gobernador y por el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz.

El primer apartado restringe el uso de los créditos y financiamiento obtenidos “única y exclusivamente” para el refinanciamiento de las deudas contraídas por el estado hasta diciembre de 2016, mientras que en el segundo se establece un candado para que los recursos que sean fondeados por la federación sirvan como fuente de pago de los créditos.

Al respecto, la documentación relacionada con la estrategia de reestructuración detalla que hasta diciembre de 2016, el gobierno de Veracruz había recibido 30 mil 836 millones de pesos de participaciones federales del Ramo 28, por lo que la deuda pública se encontraba garantizada con dichos ingresos, afectados en 67.35% para el pago de la deuda estatal.

El resto de los lineamientos establecen las reglas de operación, transparencia y etiquetado de los recursos adquiridos a través de los financiamientos o créditos que sean apalancados por el fideicomiso.

La deuda pública en Veracruz pasó en los últimos seis años, durante el gobierno de Javier Duarte, de 21 mil 499 a 45 mil 554 millones de pesos, a través de la adquisición de créditos que fueron adquiridos con instituciones bancarias como Banco Bajío, Banorte, Banamex, Multiva, Santander e Inbursa con Tasas de Interés Bancaria de Equilibrio de hasta 7.18%, para la deuda adquirida entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. (FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO). DA

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