Foto: Cuartoscuro

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Jonathan Nácar

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República envió este martes al Senado de la República una iniciativa para reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, a fin de que el Estado mexicano reciba y examine las comunicaciones individuales de casos de desaparición forzada, lo que abre la puerta para investigar a los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero también de los que se lleguen a registrar en la actual administración.

Emanado de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU tiene injerencia en México desde 2007, cuando nuestro país suscribió el acuerdo, y ratificó el mismo en 2008. 

En caso de que el Senado de la República apruebe la competencia para que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada conozca de casos particulares de este delito en el país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre la posibilidad para que un órgano internacional e independiente pueda revisar si en los sexenios anteriores existe responsabilidad, por acción u omisión, de las más de 70 mil personas desaparecidas en México.

Si bien, el hecho de que el estado mexicano decida otorgar la competencia a este órgano, no implica que dicho comité indague o señale responsabilidades individuales, pero sí tiene la facultad de emitir resoluciones a fin de que el estado mexicano en su conjunto tuvo responsabilidad en que se siguieran cometiendo este tipo de crímenes.

En entrevista con ejecentral, Jorge Verástegui González, maestro en Derechos Humanos y especialista en casos de personas desaparecidas, señala que, de concretarse la competencia del comité, implicaría un gran reto, no sólo para los gobiernos anteriores, sino para el actual, pues de acuerdo con las resoluciones que vaya emitiendo este órgano podrá determinarse si efectivamente el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones en cuanto al combate de las desapariciones forzadas.

“Pueden llegar casos de desapariciones que ocurrieron en las administraciones de Felipe Calderón o de Peña Nieto, y se puede demostrar que en esas administraciones las autoridades no hicieron nada a pesar de que se tenían los elementos, las herramientas para detenerlas. El Comité contra las Desapariciones Forzadas puede decir que el estado mexicano tuvo una responsabilidad, y le recomendaría, en este caso a la Fiscalía General de la República, que inicie una investigación al respecto, y esta tendría la obligación de indagar por desaparición forzada en contra de los expresidentes si es que hay evidencia de que, por sus políticas públicas en seguridad, y sus acciones u omisiones pueden ser responsables de esto”, sostuvo Jorge Verástegui González, maestro en Derechos Humanos y Democracia.

Precisamente, por eso, apuntó, “a muchas autoridades en México no les parece es estar bajo la lupa ni que se les señale porque están haciendo mal el trabajo, y eso podría traer sanciones internacionales al Estado mexicano, y eso genera mucha más presión”.

Verástegui González puntualizó que, si bien el Comité pueda tener conocimiento de los casos, solicite las pruebas y confronte éstas con el Estado bajo pesquisa, en este caso México, se hace una deliberación para señalar al Estado, mas no a una persona.

Pero con base a estas resoluciones, subrayó, “si el Comité va dejando testimonio de que en los periodos de Calderón y de Peña Nieto las desapariciones fueron generalizadas, sistemáticas, partieron de una política pública, se tuvo conocimiento y no se hizo nada para evitarlo, contribuye para que otros procesos como el de la Corte Penal Internacional reciban más impulso, y ahí sí se puedan iniciar investigaciones a personas y no al gobierno”.

Y resaltó: “Eventualmente con las resoluciones del Comité nos daremos cuenta si efectivamente México cambió de régimen o continúa con una política de impunidad. Va más allá del discurso del Presidente, sino que justo se abre al escrutinio internacional y abren la posibilidad a las familias de desaparecidos para recurrir a otras instancias”.

El defensor de Derechos Humanos precisó que la desaparición forzada, al tratarse de un delito que no prescribe, pues el hecho de que se consume segundo a segundo, es decir, que una persona si no aparece esta desapareciendo cada momento, y que lo único que impediría que eso continuara es que el gobierno encontrara a las personas. Si en la actual administración de López Obrador no se encuentran, también son sus desaparecidos.

«Tener claro que todas las personas desaparecidas en este momento son responsabilidad del estado, no importa en qué administración hayan desaparecido, las mas de 70 mil que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas son los desaparecidos de López Obrador».

Un palanca de ayuda

Para Édgar Cortez Morales, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., la importancia de reconocer esta competencia recae en que se trata de otra vía, además de la Comisión Interamericana

En sentido figurado, sostuvo, «la competencia de este Comité sería una especie de palanca que puede permitir a las familias impulsar los casos ante la justicia mexicana cuando ordinariamente están estancados, no pasa nada, y no hay respuesta».

Aunque reconoció la posibilidad de que haya avances, ya que habría insistencia en suplir las deficiencias que se detecten, de acuerdo con las investigaciones, Cortez Morales reiteró que “estos sistemas internacionales, no sustituyen al sistema de justicia mexicano, porque son técnicamente complementarios; y abundó que el reconocimiento “no es que sea una varita mágica, una panacea«

Dijo que “hay que seguir trabajando mucho, y en el fondo ojalá que ayude al proceso de la implementación adecuada de la ley general de desaparición forzada, que plantea medidas y mecanismos que aún están en construcción, porque lo ideal sería que cualquier persona víctima o familiar de personas desaparecida que no tenga que ir hasta instancias internacionales a obtener justicia, sino que la obtenga aquí de manera inmediata. Es algo que ocurre”. 

El activista recordó que el ofrecimiento para darle esta competencia al Comité se hizo en noviembre de 2018, poco antes de que tomara posesión el actual gobierno, cuando hubo una audiencia en el comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y ahí el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas ofreció que México aceptaría la competencia del comité en casos particulares.

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