Campo militar, un mecanismo de exterminio, determina juez
Una sentencia histórica que tardó más de 40 años, pero que demuestra cómo funcionaron los vuelos de la muerte desde el Ejército argentino durante la dictadura, reformuló la sentencia al excomandante de Institutos Militares
El epicentro del poder militar argentino, ubicado en Buenos Aires, Argentina, el lugar llamado Campo de Mayo, fue utilizado como mecanismo de exterminio desde donde despegaban los llamados “vuelos de la muerte” durante la dictadura que vivió el país de 1976 a 1983. Se usaron aviones del Ejército en los que transportaban a personas previamente secuestradas semanas o meses antes, a las que adormecían, desnudaban y arrojaban en pleno vuelo, al Río de La Plata o la franja de Mar Argentino.
Así quedó escrito, por primera vez, en la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, que condenó a Santiago Omar Riveros (98 años), excomandante de Institutos Militares y quien ya suma 16 cadenas perpetuas por ser responsable de las instalaciones; y a tres mandos medios del Batallón de Aviación 601, que tenía su base en Campo de Mayo: Luis del Valle Arce (93 años), Eduardo Lance (79) y Delsis Ángel Malacalza (85). Todos los acusados cumplirán sentencia perpetua.
Hace cinco años, un juez ya había reconocido cómo la Armada Argentina utilizó el mismo mecanismo, pero esta es la primera vez que se describen los “vuelos de la muerte”, de los que se realizaban tres semanales, en manos del Ejército, al menos entre 1976 y 1977.
Este caso giró en torno a cuatro jóvenes que estuvieron secuestrados en el llamado Campito, uno de los centros clandestinos dentro de las instalaciones militares. Los estudiantes Adrián Accrescinbeni y Juan Carlos Rosace; Roberto Arancibia, que era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (y quien fue sacado de su casa junto con su compañera María Eugenia Zago y con sus dos hijos pequeños), y Rosa Eugenia Novillo Corvalán, joven secuestrada embarazada. Los cuatro cuerpos aparecieron en las costas argentinas.
Precisamente por los que entonces eran menores de edad, de nombre Adriana y Martín, y como parte de la reparación de daño como víctimas, los jueces enviaron la sentencia al periódico El Clarín para que corrija una nota que publicó hace 25 años, el 11 de mayo de 1977.
Al ser secuestrados sus padres los hermanos, aún pequeños, fueron enviados a una institución de asistencia pública, pero el medio publicó una nota equivocada con el titular “Buscan a familiares de dos niños abandonados”. Esto abrió en Argentina nuevamente la discusión sobre el papel de los medios de comunicación en la época de la dictadura.