El narcotraficante número uno para Estados Unidos, Rafael Caro Quintero intentó una jugada legal para impedir ser extraditado al país del norte, y necesitaba de la ayuda de la Fiscalía General de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ninguno salió a su auxilio.
Los abogados del otrora líder del cártel de Guadalajara apostaron por un trámite que estaba destinado al fracaso, si no recibía el apoyo legal necesario. Solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara el impedimento de que su cliente fuera extraditado, argumentando que ya había sido juzgado y liberado en México.
El recurso de revisión del presunto narcotraficante, quien apenas a inicios de esta semana fue colocado en el primer lugar de la lista de los 10 fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), implicaba que los respectivos órganos facultados para solicitar la atracción de la solicitud que hizo la defensa de Caro Quintero.
“Sólo están legitimados para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fiscal General de la República o el Ejecutivo federal, por conducto del Consejero Jurídico del gobierno o el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente (a petición fundada”, señala la resolución del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal.
No obstante, se terminó desestimando toda vez que, “ninguno de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional hizo suya la petición de formular formal petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga y resuelva el presente recurso de revisión, ni existió petición de los órganos facultados para ello, ésta debe desechar”.
La determinación del Primer Tribunal, en la que también se señala que ni el recurrente ni sus autorizados, es decir, Caro Quintero y sus abogados indicaron algún domicilio para recibir notificaciones, “este auto se notificará por lista”.
Con la resolución de declarar “infundado” su recurso, la autoridad judicial abre la puerta para que el hombre más buscado por la DEA, por quien se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su detención al estar acusado del asesinato del agente antidrogas, Enrique “Kiki” Camarena, así como por los delitos de secuestro, y narcotráfico, entre otros, pueda ser detenido y presentado ante las autoridades de ese país.