En el epílogo del sexenio, Andrés Manuel López Obrador ya se está imaginando su séptimo año de gobierno con el canto de los pájaros y las caminatas por la selva tropical de Palenque. Pero no todo será apacible durante su reinvención como expresidente, porque lo están persiguiendo pesadillas de más revelaciones sobre presuntos actos de corrupción de su familia y cercanos, cuya defensa una vez que su residencia no esté en Palacio Nacional ni tenga una mañanera todos los días, será cada vez más difícil de enarbolar al irse debilitando la conexión con el Centro y sus amarres volviéndose más borrosos y frágiles.
La estrategia para enfrentar su séptimo año de gobierno, que comienza el 1 de octubre de este año, tuvo su primer diseño en la segunda semana de mayo, y se comenzó a aplicar en la tercera. En los primeros 15 días de este mes, López Obrador acordó con el fiscal general Alejandro Gertz Manero que iniciaría un proceso legal en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción (MCIC). El 13 de mayo, la Fiscalía anunció que había abierto una carpeta de investigación contra Casar y sus dos hijos, por presuntas irregularidades de la obtención de una pensión de Pemex tras la muerte de su esposo y padre en 2004. La siguiente semana, le abrieron otra carpeta por el presunto delito de falsificación de declaraciones. Vendrán más, al haber instruido el presidente al fiscal para que amplíe las acusaciones contra sus hijos.
Una tragedia familiar hace 20 años fue revivida por el presidente para castigar, como a nadie había hecho durante su de por sí violento sexenio, en una vendetta contra la presidenta de una organización civil que detesta, al grado de haber acusado al Departamento de Estado de estar interviniendo en los asuntos internos por un limitado financiamiento anual que aporta la cancillería estadounidense a instituciones privadas y públicas en México, como la Secretaría de la Defensa Nacional.
Casar no ha tenido acceso a las carpetas de investigación y se ha ido enterando de ellas por los medios o en la mañanera. Jurídicamente, la Fiscalía tiene un pequeño espacio para litigar contra ella por ser una acción (la pensión) continuada, pero en cuanto a sus hijos, no tiene pies ni cabeza legales: la ayuda para su educación terminó en 2008, uno, y en 2010, la otra. Es decir, si hubiera un delito que perseguir, ya habría prescrito. Pero como han sido todos los casos de alto impacto de interés político para López Obrador, lo importante no es la legalidad ni la justicia, sino la venganza y, en este caso, la neutralización de Casar que, para elevarle el costo y el descontrol, se incluyó a sus hijos a propuesta de Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la maquinaria propagandística presidencial y vocero de López Obrador.
Desde su fundación a finales de 2015 como una organización en tres pisos, investigaciones periodísticas, académicas y litigios estratégicos, MCIC ha sido una caja de rendición de cuentas del gobierno en turno y revelado múltiples actos de corrupción. La organización fue clave en la construcción de la percepción masiva de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, con una de sus investigaciones más aclamadas, la “Estafa Maestra”, y allanó el camino para que, con una cruzada retórica contra la corrupción, López Obrador arrasara en la elección presidencial de 2018. Pero no es lo mismo ser oposición a gobierno, y cuando fue el turno de ser sometido al mismo escrutinio, no le gustó, no lo aceptó, y reaccionó para aplastar a la presidenta de la organización civil.
La estrategia diseñada en Palacio Nacional busca que, con el atosigamiento jurídico y la sistematización de un ataque a su reputación, Casar recule y, para llamarlo coloquialmente, tire la toalla. No solo quiere el presidente que MCIC deje de publicar investigaciones en contra de su familia y sus cercanos, sino que la andanada política y legal, alimentada permanentemente desde las redes sociales, la inhiban para que una vez que termine su sexenio, continúe revelando acciones presuntamente corruptas.
Peña Nieto, que nunca actuó abiertamente en contra de sus críticos -su aparato de seguridad espiaba pero actuaba discrecionalmente en sus venganzas-, dejó de ser tema prioritario de MCIC una vez que concluyó su mandato, que es un antecedente que, o se soslayó en Palacio Nacional, o no forma parte de sus escenarios a partir de octubre. El temor en el entorno de López Obrador, cuya principal voz es Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente que también ha sido objeto de investigaciones de la organización, es que una vez en calidad de ciudadano, las investigaciones continúen y puedan llegar a documentar irregularidades.
Dentro de Palacio Nacional no se reconoce ningún acto de corrupción ni de la familia del presidente ni de su entorno, pero se admite que puedan darse casos de anomalías que generen críticas y acusaciones públicas de tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable, que son algunos de los presuntos delitos que han emergido de las investigaciones de la organización. Hay temor de que el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum -están convencidos de su victoria-, en la eventualidad de que surgieran nuevos casos escandalosos, tendría espacios de maniobra reducidos para aminorar las críticas.
Ante esta posibilidad, el presidente instruyó a Ramírez Cuevas a que dé un seguimiento puntual a quienes han escrito a favor de Casar. Cuando se agudizaron los ataques contra ella, un grupo de 15 intelectuales, periodistas y exfuncionarios publicaron un despegado titulado “Ya Basta”, donde acusaron al presidente de violar la ley por la forma como cobró una venganza contra ella. Ese posicionamiento fue creciendo y en cuestión de días, las firmas sumaban más de un centenar.
Hasta ahora, la tarea de neutralización por miedo, no se ha planteado contra nadie de los abajo firmantes, pero como lo ha probado el caso de la presidenta de MCIC, nadie tiene la vida política ni jurídicamente asegurada hasta que, cuando menos, el gobierno de López Obrador pase a la historia.
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