Reabrir los casos. Desempolvar los expedientes. Darle voz a los silencios. Someter a juicio a quienes una vez amparados en una ley de amnistía, evadieron cualquier forma de justicia. Bachelet anuncia que no es tarde para hacer lo justo y hace un llamado a cualquiera que sepa algo acerca del lado obscuro de la dictadura pinochetista: “Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados…es el momento de hermanarnos con la verdad…es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, indica la mandataria.
A pesar de la retórica y el discurso, el gobierno chileno admite que el cambio en la ley es simbólico en su mayor parte. El ministro de justicia José Antonio Gómez aclara que no habrá un cambio profundo a lo que los tribunales han estado haciendo hasta el momento, que es no aplicar la Ley de Amnistía. En años recientes, las cortes han logrado darle la vuelta a esta legislación, y 250 individuos acusados de tortura y asesinato han sido sentenciados.
Cualquiera que sea el lado del que se mire, la anulación significa algo. Significan pasos que un país toma para alejarse de la dictadura que algún día fue y para acercarse a su propia forma de democracia.