CJEF impugnará suspensión al “Plan B” para Edomex y Coahuila
CIUDAD DE MÉXICO. 28NOVIEMBRE2019.- El magistrado Sergio Javier Molina Martínez fue electo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consejero de la Judicatura Federal. Ocupará el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2024. Hoy se eligió al magistrado durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
/Victoria Valtierra Ruvalcaba
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) la SCJN no había notificado formalmente al Ejecutivo la determinación “arbitraria e ilegal”
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) dio a conocer la noche del martes que interpondrá una impugnación a la suspensión otorgada ayer mismo contra el llamado “Plan B” de la reforma en materia electoral.
Fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán quien otorgó la suspensión.
La CJEF indicó que para cuando emitieron el comunicado, la Corte no había notificado al Poder Ejecutivo la determinación; misma que calificó de “arbitraria e ilegal”.
“Algunos medios de comunicación, en sus portales web, publicaron este martes 21 de febrero, que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite sendas acciones de inconstitucionalidad”, dijo la Consejería.
Recordó que las suspensiones fueron promovidas por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores contra el Decreto.
La oposición busca que las reformas no se apliquen en los procesos electorales en curso del estado de México y Coahuila.
“Hasta la tarde de este mismo día, la SCJN no ha notificado al Ejecutivo federal una comunicación oficial que confirme, precise o desmienta dicha aseveración de los medios”, dice el comunicado.
La tarde de ayer, se informó que el ministro Pérez Dayán admitió a trámite un primer bloque de impugnaciones; siete de ellas que frenan la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1 % del presupuesto de las alcaldías del país, para que no se apliquen en ambas entidades. DJ
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