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Luis M Cruz

Lo que está en puerta no es seguir enfrentando a la delincuencia con las mismas policías municipales que han fallado, sino hacerlo con renovadas instituciones de seguridad pública al servicio de  los ciudadanos y de la justicia

1.- Clamor por seguridad y justicia

Indudablemente, el país está a prueba ante la gravedad de los actos delincuenciales acaecidos en Iguala, Guerrero, que afrentaron a la sociedad y pusieron a México en el pináculo de la atención mundial, pero por las razones equivocadas.

Hasta hace dos meses, nuestro país era observado por los acuerdos logrados entre las distintas fuerzas políticas para superar obstáculos ancestrales y pactar reformas estructurales, muchas de ellas con décadas de debate y dilación. El choque frontal de las fuerzas criminales que se apoderaron del municipio de Iguala e irradiaron a otros que le circundan, con un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, distante 120 kilómetros de este lugar, resultó en la muerte inmediata de seis personas, heridas a otras veinte y el secuestro y desaparición desde entonces de 43 normalistas, que se presume fueron asesinados conforme a los relatos del grupo de criminales capturados.

La atrocidad de los hechos impactó en el país y el mundo. A la confusión inicial entre la competencia del fuero común de los delitos de homicidio y el fuero federal atribuible a los actos de la delincuencia organizada, derivada de la actuación de la policía municipal infiltrada y al servicio de los delincuentes, siguió el clamor por justicia y la presentación de los desaparecidos, que le fue transferida al Estado mexicano en tanto quienes cometieron los ilícitos eran autoridades municipales y fuerzas del orden público locales, lo que técnicamente significa que en el tercer nivel del Estado, en el orden municipal de Iguala, ser violaron derechos humanos fundamentales.

Ahí, hubo una falla de democracia que posteriormente se tornaría en una falla de Estado. El Presidente José Mujica del Uruguay llegó a referirse al país como un Estado fallido, para después corregir y expresar lo que realmente sucedió, una falla de la seguridad pública que fue infiltrada y capturada por los delincuentes, paradójicamente, siguiendo la legalidad democrática, pues el presidente municipal, José Luis Abarca, llegó al cargo impulsado por una coalición amplia de fuerzas de izquierda, desde el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y hasta el señor López, ganando democráticamente el cargo, como también lo hizo el gobernador Angel Heladio Aguirre.

Es tal el riesgo de la anomalía democrática que podría permitir a otros Abarca o Aguirres llegar al poder, que el deber solidario del Estado para evitar la repetición de tales situaciones obliga a adoptar medidas excepcionales, algunas de las cuales deberán serlo en el terreno electoral para vigilar y prevenir que los procesos de selección de candidatos en el ámbito interno de los partidos políticos resulten permeables a los delincuentes, sea por el financiamiento obscuro o por la vía de la simulación o captura de aspirantes vinculados al crimen organizado; y otras, tienen que serlo en el ámbito de las instituciones y leyes del Estado.

En este sentido, el Gobierno de la República anunció diez medidas para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho y cerrar los resquicios por donde la delincuencia se ha colado en las instituciones públicas, para ir a fondo no sólo en lo concreto, que es lo propio de las policías municipales prácticamente inoperantes, sino también en el contexto de impunidad y corrupción que hacen posible que situaciones como las de Iguala estén sucediendo en el país, así como en el tejido social de rezago y pobreza que afecta a los estados del sur.

2.-   Decálogo por la seguridad y la justicia

No sin reconocer que en la última década se han realizado esfuerzos por combatir y erradicar a la delincuencia organizada, cuyo resultado ha sido que éstas aún están ahí quizá hasta más diversificadas y activas, el Presidente Enrique Peña Nieto, jefe del Estado mexicano, dispuso un decálogo de acciones para ir a fondo contra la delincuencia y el contexto de connivencias u omisiones en que opera.

La primera tiene que ver con el eslabón más débil en la cadena de responsabilidades del Estado, que es el municipio y la dispersión de las policías municipales. Existen 1800 organizaciones policiacas locales con más de 200 mil elementos para la seguridad de 2 mil 415 municipios en el país, a razón aritmética de 82 elementos por demarcación –lo cual no es así, pues las grandes urbes, unas 180, concentran el mayor número de elementos, dispersándose los restantes en la multiplicidad de municipios de menor cuantía–. A ello se suma la confusión existente entre la competencia local y la federal, conforme a la visión decimonónica de la soberanía local.

Para atender las nuevas circunstancias en que se gestiona la seguridad pública, que requiere interdependencia y cooperación efectiva entre los diferentes cuerpos policiacos, el titular del Ejecutivo Federal enviará al Congreso las reformas constitucionales y legales necesarias para crear  una Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en Municipios, cuyo propósito será el de supervisar las políticas públicas para la seguridad y la justicia en el plano local, facultando incluso la desaparición de ayuntamientos que hubieren sido infiltrados; asimismo, propondrá la reforma constitucional necesaria para redefinir las competencias de cada nivel de autoridad en el combate al delito, sobre todo al organizado, que es el que trasciende cualquier demarcación jurisdiccional. Ciertamente, cuando proveer seguridad es responsabilidad de todos, resulta en la irresponsabilidad colectiva.

De ahí que la tercer acción de reforma constitucional planteada sea la de crear el mando policial único, con reforma a los artículos 115 y 116 constitucionales para crear obligadamente las Policías Estatales, que harán que las 1800 débiles corporaciones municipales se transformen en 32 sólidas corporaciones, mismas que podrán vincularse ágilmente con las agencias federales en la materia, para mejorar el desempeño, la eficacia y, sobre todo, la supervisión de las fuerzas públicas.

De manera prioritaria, las policías estatales unificadas empezarán a funcionar en las entidades en las que la delincuencia actúa de manera más ostensible en el momento actual, que son Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, con un operativo especial adicional en la región de Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, que es donde se está batiendo a las bandas responsables de los trágicos acontecimientos de Iguala.

3. Acciones en el contexto en que opera la delincuencia

Por otra parte, para contribuir a abatir el margen de actuación de la delincuencia, el gobierno federal implementará el teléfono único nacional  de emergencias, proponiendo el proverbial 911 que se utiliza en varios países, para que la ciudadanía disponga de un instrumento de llamada de auxilio en casos de emergencia en cualquier ciudad o poblado del país, contando con la certeza de que las fuerzas nacionales o estatales podrán acudir en el auxilio de quien lo necesite.

La puesta en marcha del proyecto de Clave Unica de Identidad tendrá asimismo el efecto de transparentar el historial personal de cada individuo, no sólo para facilitar el acceso a servicios públicos y electorales, sino también para evitar suplantaciones, duplicidades o falsificación de identidades, a través de las cuales la delincuencia organizada suele encubrir sus actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero.

No menos importante resulta el facilitar el acceso cotidiano de los ciudadanos a la impartición de justicia. No es un secreto que, en la actualidad, el acceso a la justicia para los ciudadanos comunes es una verdadera proeza; hay juicios que duran años y, por ejemplo, en materia de amparo, más de 400 días en promedio, con los altos costos y honorarios que significan. Ello provoca que la justicia sea una verdadera lucha, en donde prevalece quien tiene dinero y contactos para hacerle frente.

Para contar con las mejores ideas en la materia, el Gobierno Federal ha solicitado al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) la realización de una consulta pública en la que participen docentes, expertos y ciudadanos para que la institución formule propuestas y recomendaciones que posibiliten una mejor legislación para impulsar el derecho humano a la justicia y los mexicanos puedan acceder a la impartición de justicia con facilidad y confianza de que sus asuntos serán resueltos por juez competente, en el tiempo breve necesario para ello, sin los habituales trinques y triquiñuelas. Por ejemplo, una buena medida pudiera ser la colegiación obligatoria para los abogados, que impondría ética y probidad en el ejercicio de la profesión, al igual que el establecimiento de las mejores condiciones para la oralidad en los juicios y el uso de los mecanismos alternativos de justicia, aún en ciernes en el Congreso.

Sin duda, una mayor agilidad y eficiencia en la impartición de justicia hará que se recobre la confianza ciudadana y podrá frenarse la impunidad, que es el principal incentivo de no pocos delincuentes, sabedores de que las transgresiones sólo excepcionalmente llegan a juicio y sentencia (según las estadísticas de la Suprema Corte, sólo 2 de cada 100 casos es consignado apropiadamente ante un juez, de los cuales uno obtiene sentencia).

En ello abona también el facultar al Congreso para expedir las leyes generales contra la Tortura y Desaparición Forzada, que permita definir protocolos de actuación y procedimientos exhaustivos contra tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, al tiempo que se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se expiden los reglamentos para la operación, en el contexto de la Ley General de Víctimas, del Fondo de Reparación y la Defensoría Victimal, entre otros instrumentos propios de la atención humanitaria a víctimas del delito.

4.- Combate a la corrupción

Los dos últimos puntos del decálogo dispuesto por el Presidente Peña Nieto, no por ello los menos importantes, tienen que ver con el contexto en el cual sucede la delincuencia, que son las medidas o actuaciones laxas del poder público y de su relación con los particulares. Para ello, habrá de externar al Congreso el apoyo decidido del Gobierno Federal a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

En este paquete, habrá de expedirse la Ley de la Fiscalía General de la Republica, con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que, con facultades de Ministerio Público, podrá ejercer acción penal contra servidores públicos o particulares que incurran en prácticas de desvío de recursos, abuso de poder o connivencia con el crimen organizado. Se dotará de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que ejerza vigilancia y auditoría durante el ejercicio fiscal de los recursos públicos, es decir, en “caliente”, y se dispondrá de un Tribunal Especializado para dirimir las sanciones administrativas, rehabilitando a la Secretaría de la Función Pública en las acciones preventivas y de contraloría interna propias de las responsabilidades de los servidores públicos. El corolario será la instauración de Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que contará con representación ciudadana, del Gobierno Federal y de las entidades federativas.

En abono a la transparencia se establecerá también un portal de información sobre contratistas y proveedores del Gobierno Federal, se contará con una nueva Ley de Obra Pública para transparentar y eficientar las licitaciones públicas, todas las cuales serán gestionadas a través del Sistema Compranet, disponible en internet.

Adicionalmente, se actuará en el fortalecimiento del tejido social y la cuestión regional en las entidades en donde se han generado las condiciones de mayor rezago, marginalidad y pobreza en el país. Los hechos de Iguala mostraron una dimensión social y económica detrás de la delincuencia, que se ha asentado en las cuencas de marginalidad y descontento del país. Por ello, el Gobierno Federal actuará prioritariamente en los estados del sur como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde se definirán tres nuevos polos de desarrollo con acciones preferenciales fiscales y de fomento para incentivar el desarrollo social e industrial, que serán el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas y otro más en los municipios colindantes con el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Una medida legislativa adicional, será abordar la problemática del salario mínimo, iniciando con su separación de otros indicadores propios de los ingresos públicos, como son las multas o tarifas, para, a partir de esta diferenciación, iniciar el proceso del fortalecimiento, indudablemente productivo, del salario mínimo.

5.-  La labor legislativa inmediata

En el Congreso mexicano, próximo el cierre del periodo ordinario de sesiones dentro de dos semanas, se abre una perspectiva de negociación, búsqueda de acuerdos y eventual debate y votación de las propuestas presidenciales. Las medidas parecieran no estar a la altura de las expectativas de una sociedad agraviada, que hubiera esperado también otras señales de espectacularidad relativa, pero que, en el contexto actual, no necesariamente serían las más eficaces.

The Economist señala que quizá el gobierno mexicano habría perdido la oportunidad de revertir la mala prensa que ha tenido en los últimos dos meses, en tanto que para otros segmentos de opinión pública, las medidas pudieran no ser suficientes para resolver los casos concretos de los asesinatos en Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, pero sobre todo, para revertir el deterioro de la vida pública en el país, afectada por la inseguridad, la violencia, la impunidad la corrupción.

Hay también quienes simplifican y señalan que se trata de una continuación de la guerra del narco que iniciara Felipe Calderón en su gobierno, lo cual no tiene nada que ver; Calderón quería darle facultades de investigación y de ministerio público a las fuerzas armadas y su modelo de policía única se refería a empoderar al señor de los montajes, el entonces todopoderoso Genaro García Luna; todo ello, en sentido contrario al pleno respeto a los derechos humanos, que es algo que caracterizó el modo de actuar del calderonismo en su lucha contra la delincuencia organizada.

De ahí que el principal imperativo entonces sea darle celeridad a la implementación de las medidas, que se inscriben en lo que debe suceder de aquí en adelante, para que sucesos como los de Iguala nunca más se vuelvan a presentar. Es decir, las medidas de reparación integral del daño, remediación y no repetición que se han presentado no pueden, no deben seguir el tiempo legislativo ordinario.

En este sentido, las principales fuerzas políticas se han pronunciado tanto por la revisión de las propuestas y su eventual enriquecimiento en la fase legislativa, como también por hacerlo de inmediato, en las sesiones que restan al periodo ordinario y, si es necesario, ir a un periodo de sesiones extraordinarias de inmediato, lo que puede ser en diciembre o enero próximos. El acuerdo de base entre los partidos es que, si el Gobierno Federal está solicitando esos instrumentos para enfrentar de mejor manera los desafíos actuales en materia de seguridad, entonces se deben aprobar, pues lo que no debe suceder es que las cosas continúen como hasta ahora.

En particular, esa confusión que existe entre la diversidad de mandos y la complejidad de asuntos del fuero común con los del fuero federal requiere superarse para evitar los resquicios por los que escapan los delincuentes. Para efectos prácticos, los asuntos de delincuencia organizada son del fuero federal, debiendo entonces ser las fuerzas federales las que actúen sin demérito de otras jurisdicciones. En el plano interior de las entidades federativas, el mando único hace responsable al gobernador o jefe de Gobierno en el caso del D.F. Asimismo, la Ley para Prevenir la Infiltración del Crimen Organizado en el nivel municipal debe tender a lograr un efectivo control tanto de la confianza como del desempeño de las policías y autoridades de este nivel, el más vulnerable y de proximidad ante la ciudadanía. Las policías estatales únicas, por su parte, debiendo integrarse de manera obligatoria, habrán de permitir el trabajo conjunto entre 32 sólidas corporaciones y su contraparte en el plano federal.

Todo ello, sin demérito de que las indagatorias para concluir el caso Iguala prosigan. Jurídicamente, el caso está resuelto, pues se sabe qué pasó, que una organización criminal se apoderó, por la vía democrática electoral, del municipio de Iguala y puso a su servicio a las policías de la región de Tierra Caliente, quienes habrían de entregar a los 43 normalistas a los criminales; están presos los perpetradores y autores intelectuales y materiales, casi 80 personas, con testimonios y confesiones que abonan a la reconstrucción de los hechos, restando por ende la conclusión política y social, que debiera incluir la reparación integral del daño conforme a los principios del derecho internacional humanitario, en donde la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Departamento de Estado norteamericano podrán resultar fundamentales para llegar al fondo de esta cuestión.

Lo que está en puerta no es seguir enfrentando a la delincuencia con las mismas policías municipales que han fallado, sino actuar con otras reglas que permitan reconstruir la confianza y la eficiencia de las instituciones de seguridad pública al servicio de los ciudadanos y de la justicia.

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