El 22 de junio de 2022, presentamos el séptimo reporte bandera del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dedicado a las finanzas públicas locales después de haber presentado ya cinco reportes sobre los principales rubros del gasto y un sexto sobre los ingresos públicos y la posibilidad de contar con un nuevo sistema fiscal.
En esta ocasión el informe tiene como objetivo contar la historia de las finanzas locales de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, historias que pueden ser consultadas en el micrositio y el documento disponible a todo el público.
Dentro de los principales hallazgos tenemos que existe una alta dependencia de las entidades federativas hacia el gasto federalizado, lo que puede generar efectos negativos en la generación de ingresos propios, en la trasparencia del gasto y en la implementación de sus políticas públicas. Al estar etiquetados, aproximadamente, la mitad de los recursos federalizados, los gobiernos locales no tienen incentivos para diseñar políticas que tomen en cuenta la dinámica propia de su población. Por ejemplo, cambio demográfico, transición epidemiológica y el cambio climático, lo que puede explicar el desfase del gasto con los resultados en las distintas materias.
Lo anterior afecta, también, el alcance de los ODS. México se ha comprometido en el marco de la Agenda 2030 a lograr las metas de los Objetivos establecidas en 2015; y para ello será necesaria la participación de estados y municipio reconociendo en que temas podrían contribuir mejor para el cumplimiento de este compromiso. Entre estos objetivos se encuentra la reducción de la pobreza, la atención al cambio climático y la equidad entre hombres y mujeres, por mencionar algunos.
Mientras se realizaba esta investigación, se reconoció la falta de recursos por parte de los estados y lo municipios para cubrir el gasto que demanda garantizar el acceso a derechos humanos y proveer de servicios públicos. Sin embargo, también se encontró que el gasto que ya se realiza debe mejorar en cuanto a la focalización y pertinencia del mismo, ya que los resultados en aprendizaje, en salud y en seguridad no parecen mejorar en los últimos años, incluso se han deteriorado por los efectos de la pandemia. Es por ello que, el objetivo debe ser aumentar el espacio fiscal para poder responder a emergencias y/o generar innovaciones, a través de incrementar la recaudación propia, pero también deben mejorar las estrategias de política pública que existen actualmente para eficientar el gasto.
Otro de los hallazgos importantes es la falta de rendición de cuentas y transparencia, no solo hacia el gobierno federal, si no hacia los ciudadanos en general. Por el análisis comparado de la información que proviene de las Cuentas Públicas y Presupuestos de Egresos de los Estados, contra datos de solicitudes de información, queda en evidencia que los estados no incluyen la información completa como lo estipulan la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera. Por tanto, acciones de seguimiento y mejor implementación deben ser incorporadas en una nueva coordinación fiscal.
Finalmente, una nueva coordinación fiscal debe ser un fundamento para transitar hacia un nuevo sistema fiscal, a través de una reforma integral que incluya las circunstancias de las entidades federativas y los municipios de nuestro país.