Con Abarca desaparecieron otros 55

GABRIELA RIVERA | @gAbs_07

Durante la administración de José Luis Abarca como presidente municipal desparecieron 55 personas en Iguala, además de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en los seis meses de labores en México construyeron una base de datos con 148 casos de desapariciones en los últimos ocho años.

De ese total, 82 ocurrieron en Iguala y 55 de ellos se dieron en el mandato de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, entre 2012 y septiembre de 2014.

“Vemos una situación bastante seria y efectivamente, la desaparición forzada en este municipio es una práctica frecuente, realizada colectivamente, dirigida contra una multiplicidad de víctimas. Son casos graves, no son casos esporádicos y ameritan una atención especial por parte de las autoridades mexicanas”, dijo Alejandro Valencia, miembro del grupo.

Al presentar el informe final de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayoztinapa, que desaparecieron el 26 de septiembre del año pasado, el experto señaló que durante los seis meses de su labor comenzaron a aparecer otros casos de desaparición en el estado, particularmente en Iguala.

Valencia explicó que distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la Procuraduría General de la República (PGR) les brindaron información de algunos casos, lo mismo que los miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Esta organización fue una de las más activas después de la desaparición de los normalistas. Miguel Ángel Jiménez Blanco lideró la búsqueda de los 43 normalistas desparecidos en Iguala, que arrojó el descubrimiento de decenas de fosas en la zona.

Hasta agosto de este año, el activista continuó la búsqueda en diferentes puntos, a partir de la información que pobladores les proporcionaban, lo que le permitió descubrir redes de corrupción y narcotráfico que planeaba denunciar públicamente.

No obstante, el 9 de agosto fue asesinado mientras manejaba su taxi. Su cuerpo presentaba varios disparos de arma calibre nueve milímetros y calibre .223.

Con la documentación, los expertos construyeron la base de datos con 148 casos reportados en los últimos ocho años, de los cuales 104 casos que ocurrieron entre 2012 y 2014, y 28 de ellos están siendo investigados por la PGR como desaparición forzada, es decir que hubo participación de agentes de estado.

Ante la aparición de fosas y tantos casos, los expertos señalaron que en el informe final existen 20 recomendaciones en distintos niveles sobre el manejo de las investigaciones, el tiempo en que deben ser atendidas —no superar las 72 horas después de la desaparición— y la atención a las víctimas colaterales.

Además, se deben rechazar las declaraciones obtenidas por tortura, hay que aplicar los protocolos correspondientes y regularizar la inhumación y entrega de restos.