El decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma por completo el control total de la Guardia Nacional (GN), resulta una medida de presión que el mandatario busca ejercer en los legisladores de oposición para que aprueben la reforma constitucional, pero contradictoriamente, resulta una medida inconstitucional e inconvencional a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Esta política militarizada de la seguridad, sin lugar a duda es una contradicción no sólo con los principios de la izquierda, sino con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. El que el Presidente haya renunciado a la posibilidad de construir una institución civil, honesta, incorruptible en materia de seguridad, es preocupante para la ciudadanía, porque otorgar tanto poder a los cuerpos militares siempre constituye un riesgo de autoritarismo, de violencia institucional, de represión y desde luego de prácticas autoritarias”, advirtió David Peña Rodríguez, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la UNAM.
Para el también abogado, el anuncio que hizo hoy el mandatario sobre el traslado de la competencia o la responsabilidad de la GN a la Sedena tiene que pasar forzosamente por una reforma constitucional, pero consideró que hasta en tanto no se materialice ese acuerdo no hay una violación como tal.
Lo que quiere el presidente es meter presión para su reforma, para avanzar o gestionarla a nivel constitucional, habida cuenta de que la oposición ha dicho que no van a pasar ninguna de las reformas constitucionales”, refirió.
Al respecto señaló que debido a que la constitución establece en el artículo 21 “claramente que la Guardia Nacional estará adscrita a la instancia de seguridad pública federal, hacer este traslado de esa instancia civil a una instancia militar como lo quiere hacer el presidente, primero vía reforma y luego vía decreto, pues tiene que pasar por una reforma constitucional”.
Para la consultora y exlegisladora, Martha Tagle, “en los hechos la Guardia Nacional está totalmente militarizada”, señaló que formalmente los integrantes de la Guardia Nacional están siendo reclutados y capacitados desde el Ejército, y el acuerdo administrativo sólo busca formalizar dicha situación, además de buscar presionar la aprobación de una reforma que “él tiene la claridad que no tiene las condiciones para ser aprobada en el Congreso. También es un decir de ‘a mí no me importa mucho lo que diga la Constitución’”.
Al respecto recordó que “desde la discusión que tuvimos en el Congreso, la Sedena dejó muy claro que quería que fuera una Guardia Nacional totalmente militarizada y ese es el proyecto que han venido impulsando de manera transexenal, no es un proyecto como tal sólo del presidente sino de quienes dirigen las Fuerzas Armadas en México, que han buscado en una y otra administración avanzar con este tipo de reformas constitucionales, porque ellos saben que el mero acuerdo administrativo no les da”, sostuvo la activista.
Sin embargo, lamentó que aunque se cuentan con los mecanismos legales para impugnar dicho acuerdo administrativo, “que a todas luces es inconstitucional”, refirió que muy difícilmente instancias como el propio Congreso, la FGR, o la CNDH lo harían, tomando en cuenta que “ahí tenemos que la Corte no ha resuelto el otro acuerdo militarista que está impugnado desde hace más de dos años y ahí sigue esperando una resolución”.
Mientras que en el caso de la sociedad civil, Martha Tagle apuntó que solamente le quedaría la vía del amparo, la cual es difícil que sea traída por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues incluso sólo “podría generar ciertas suspensiones, pero en este tipo de temas no de carácter general”.
“Sería obligación de la CNDH impugnar porque contraviene con lo que ya ha dicho la Corte Interamericana en la materia, pero sabemos que prácticamente ya no tenemos Comisión de Derechos Humanos, no existe con la mujer que pusieron, que no ha hecho absolutamente nada”, subrayó.
La oposición se pronuncia
Para el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, el decreto anunciado contraviene el artículo 21 de la Constitución, que establece que la Guardia Nacional es una “institución policial de carácter civil” y violenta los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que las labores de orden público interno y la seguridad pública son reservados a los cuerpos policiales civiles.
En la Presidencia de la República hay plena conciencia que la reubicación administrativa de la Guardia Nacional en la Sedena requiere de una reforma constitucional, pero pasar por la aduana legislativa requiere de argumentos y eso es lo que ha faltado desde el inicio de esta discusión. El gobierno quiere rehuir el debate porque no quiere revelar la motivación real detrás de la reubicación”, criticó el legislador.
Por su parte, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, expuso que la propuesta legislativa del presidente carece de consenso político, por lo que evita enviarla al Congreso de la Unión. “La oposición no lo acompañamos —como no lo haremos para desaparecer al INE—, ahora pues está queriendo gobernar a base de decretazos”, apuntó.
Me preocupa la militarización del país. Esta concentración de fuerzas armadas en una sola corporación, bajo un solo hombre… lo vamos a combatir en las instancias judiciales, lo hemos hecho anteriormente y la Corte nos ha dado la razón”, anunció.
En tanto, el panista José García García, de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, dijo que los servidores públicos que participen en la transmisión de la Guardia Nacional a la Sedena violentarían la Constitución y podrían ser recibir sanciones del orden administrativo e incluso penal.