“Es bastante inaudito”, soltó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo sobre el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya solicitado ningún tipo de medida cautelar para evitar que Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, saliera del país para no acudir a la audiencia del próximo lunes donde se definirá si se le vincula o no a proceso.
En palabras de la propia funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto que le expresó al juez de control, ella estaba fuera del país, pero regresó “por voluntad propia” para acudir a la diligencia que se celebró ayer jueves, en la cual la Fiscalía que encabeza por Alejandro Gertz Manero le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el probable daño al erario calculado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos causado durante la titularidad de Robles Berlanga en dichas dependencias.
“Estaré aquí como estuve hoy de manera voluntaria. Estaba fuera del país, y con mucho gusto y respetando la ley estaré aquí como lo ha convocado su señoría”, expuso Rosario Robles después de que el juez determinara otorgarle la duplicidad del término y fijara a las 18 horas del próximo lunes 12 la continuación de la audiencia.
La solicitud de postergar la diligencia fue a petición de los abogados de Rosario Robles tras más de siete horas audiencia, sin contar las dos horas que otorgó el juez de receso, en la que la defensa de la exfuncionaria escuchó los elementos de prueba, incluyendo testimoniales de exservidores de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en contra de su clienta.
Los fiscales de la FGR argumentaron que desde junio de 2014 ella (Rosario Robles) tuvo conocimiento de la “conducta reiterada y de forma organizada” que cometieron funcionarios tanto de Sedesol como de Sedatu al celebrar al menos 27 convenios generales con universidades públicas y organismo estatales de comunicación en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría advertido que estaban “plagados” de irregularidades, entre las cuales señalaron el pago de excedentes, falsificación de firmas, simulación de contratos, entre otras anomalías.
“Desde junio de 2014 ella tuvo conocimiento ella (Rosario Robles) tuvo pleno conocimiento y permitió que esos actos de terceros se siguieran cometiendo hasta octubre de 2018; lo cual provocó que recursos de Sedesol y Sedatu –al menos por cinco mil millones de pesos- no fueran destinados a los programas y personas que lo requerían”, sostuvo el agente de Ministerio Público federal quien reiteró que la exsecrearia de Estado habría actuado con una evidente omisión y dolo, no obstante del “grave” daño contra el patrimonio y los intereses de las dependencias que encabezó.
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, Rosario Robles habría sido informada directamente por el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez quien en junio y septiembre de 2014, así como el 11 de septiembre de 2015 dio cuenta a la también entonces funcionaria de las diversas irregularidades detectadas, sobre las cuales no informó a sus superior, el presidente Enrique Peña Nieto, ni mucho menos hizo lo posible por evitar que continuaran cometiéndose.
José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, y luego jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu; María del Carmen Gutiérrez Medina, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu y directora de Área de Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol.
Así como Marcos Salvador Ibarra Infante quien fuera director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol; y Armando Saldaña Flores, director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, fueron los funcionarios quienes según el pliego de imputación de la FGR habrían aportado testimoniales donde refirieron haber comunicado directamente a Rosario Robles de la anomalías que denunció la ASF a través de pliegos de observación y dictámenes técnicos sobre la probable triangulación de los recursos en detrimento de las arcas públicas de ambas dependencias.
Tras haber escuchado las acusaciones que la Fiscalía federal le imputada, el juez de control preguntó a Rosario Robles quería hacer uso de su derecho a declarar entorno a dichas imputaciones, a lo cual la exfuncionaria dijo que prefería guardar silencio, tras lo cual sonrío y se rascó levemente la nuca; una vez reservado su derecho, los agentes del Ministerio Público federal solicitaron al juez la vinculación a proceso de la imputada al contar con los datos de prueba suficientes que establecían su probable intervención de Rosario Robles en la hecho delictivo del que se le acusa.
Con la confianza de que sus abogados presentarán datos de prueba ministeriales que buscarán desestimar las imputaciones que la Fiscalía General de la República formuló contra la experredista, Rosario Robles abandonó los juzgados del Reclusorio Sur; en tanto, los fiscales, aparente con el mismo nivel de confianza sólo pidieron al juez de control que le recordará a Robles Berlanga las posibles sanciones a las que haría acreedora si se ausentaba de la diligencia, la cual a consideración del juez se llevará a cabo en un plazo menor a las 144 horas contempladas en la duplicidad del término para definir la situación jurídica de Rosario Robles.
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