Irene Muñoz

Este es el grito de auxilio del sector restaurantero. Con él buscan un mínimo de empatía de las autoridades por la grave crisis en la que se encuentran al ser obligados una vez más, a cerrar. Esta voz necesita ser escuchada por el gobierno que debe entender la gravedad del problema que ellos mismos han generado en el último año, al no haber tenido la capacidad y conocimiento para prevenir, contener y erradicar el virus Sars-CoV-2 y su enfermedad Covid 19, así como tampoco para evitar una crisis económica y generar apoyos reales para las empresas de servicios.

Hemos presenciado como los restaurantes formales ampliaron el distintivo de calidad, higiene y seguridad “H”, e implementaron medidas extraordinarias de prevención Covid-19 para no permitir el ingreso a sus restaurantes por posibles casos positivos, pero esto no ha sido suficiente para la autoridad que les exige no abrir, pero sostener las plantillas laborales la posibilidad de sobrevivir, y sumando a la pérdida de  400 mil empleos directos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y a las incontables quiebras de establecimientos que no tuvieron el respirador para sobrevivir y perecieron en la crisis por la falta de apoyos gubernamentales.

 En una revisión de la historia podemos ver como los restauranteros nunca han sido un sector de choque que actúe en contra del gobierno. Ellos siempre acatan las medidas, las eternas revisiones-extorsiones de las distintas autoridades, e incluso en esta crisis donaron alimentos al personal médico. Pero a diferencia de muchas industrias el actuar de la autoridad hacia ellos ha evidenciado que la ley en este país no se aplica igual para todos.

Viola el gobierno la Constitución Política Mexicana y la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establecen que todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección contra toda discriminación. Este derecho ha sido arrancado de forma flagrante por la autoridad, al hacer una distinción para que en fondas y mercados sobre ruedas se consuman alimentos preparados in situ, a diferencia de lo que ocurre con el sector formal al que le exigen cerrar y con ello son discriminados.  

Además, al incentivar el desempleo dejan en estado de indefensión a personas y les quitan los derechos humanos al trabajo, a la alimentación, y a la seguridad social. Al momento de perder su empleo, pierden sus prestaciones laborales, y como no formaban parte de la informalidad, que es arropada por el gobierno con programas sociales, tampoco cuentan con apoyos económicos ni en especie para cubrir estos derechos básicos.  

La falta de actuación de los gobiernos y legisladores ha hecho que guarden silencio a las peticiones de los restauranteros para hacer deducibles los consumos, disminuir o generar plazos para los pagos de impuestos, y como del gran apoyo gubernamental para eliminar el movimiento de #AbrirOmorir, les ofrecieron la devolución de 3% de la nómina. La pregunta es ¿cuál nómina? Si obligan a cerrar y esto provoca quiebras, lo que ofrecen carece de todo sentido y una vez más, la autoridad no está a la altura de los problemas que la sociedad enfrenta. 

Además, dentro de la frivolidad gubernamental e incapacidad de las personas responsables de cuidar al sector, y trabajar para buscar alternativas para protegerlos, personas del servicio público han demostrado que no les interesa la industria ni tampoco respetan las directrices establecidas por sus superiores. Un ejemplo, de alguien que debería de estar trabajando con la industria, porque es parte de su trabajo, es Paola Félix, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística, quien en horario y día laboral celebró su boda religiosa, negando con ello el respeto a su gobierno y la responsabilidad que como servidora pública tiene. Esto, mientras su superior, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, hacía llamados a la ciudadanía para no salir ni realizar actividades no indispensables.  

Las autoridades siguen sin entender lo grave de este tema. Se les hace fácil determinar actos de gobierno, pero no generar las condiciones necesarias que permitan que estos actos se puedan llevar a cabo. Además, los contagios no se dan en los restaurantes, sino en las fiestas delegacionales que permiten se lleven a cabo y sólo son observadores en la forma en la que retacan el transporte público a causa de la crisis de movilidad, y en el doble mensaje eterno que han tenido de cerrar, pero no cerrar, guardarse pero no hacerlo, y cumplir con los protocolos de prevención, pero si no se cumplen, tampoco pasa nada. 

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