Irene Muñoz

Contar con el derecho exclusivo de una marca, permite evitar la comercialización de productos idénticos o que se conozcan con nombres similares, así como generar confusión entre productos e impide que terceros comercialicen o hagan uso de la misma, sin contar con los derechos registrados.

Proteger por medio de este registro los productos o en algunos casos, como el de Michael Jackson —primera persona en el mundo en registrar su nombre como marca—, logra que figuras reconocidas en los espectáculos, deportes y medios, entre otros; puedan obtener beneficios exclusivos para la venta de artículos promocionales o autorizar el uso de su nombre en campañas de mercadotecnia, consiguiendo con ello un beneficio establecido.

Sin embargo, que una persona registre su nombre, siglas y acrónimos, mientras es funcionario público y responsable de una nación; así como se hagan modificaciones tanto a la ley de Federal del Derecho de Autor (LFDA), como a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es otra cosa.

En tiempo récord de tan sólo 4 minutos y 32 segundos, el pasado 13 de julio se llevó a cabo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), la solicitud de seis registros distintos de marca, con dos clasificaciones diferentes; la 41 que corresponde a educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; y la 35 cuyo rubro en-
globa la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (lo que quiera que esto signifique). 

El solicitante fue Andrés Manuel López Obrador y los registros fueron tanto por su nombre, como por sus siglas AMLO y el acrónimo PEJE. La autorización por parte del Instituto se dio en un mes y una semana, muy rápido, ya que el tiempo mínimo que generalmente se tiene para la realización de la investigación y su resolución, es de 2 meses.

Esta prisa por aprobar sin el proceso de investigación y verificación adecuada debe ser revisada, así como iniciar un procedimiento al servidor público que lo haya autorizado, ya que en dos de ellas se carece del principio básico que establece la ley, y por tanto deben ser canceladas, la veracidad.

Los expedientes 2352331 y 2352334 para las marcas Andrés Manuel López Obrador, establecen como fecha de inicio de uso el 11 de noviembre de 1953, dos días antes del nacimiento del presidente, algo que hace imposible le sea otorgada por falsedad de declaración del solicitante, que incluso, aunque pusiera su fecha de nacimiento, sería falso. No pudo nacer haciendo uso de las clasificaciones mencionadas.

Pero eso no es lo más relevante, sino la entrada de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial el próximo 5 de noviembre de este año, sumado a las modificaciones a la LFDA que entraron en vigor el pasado 2 de julio, en la que se establece la regulación para que proveedores de servicios en línea, se responsabilicen en sus sitios, de cuando los titulares de derechos de autor notifiquen la existencia de un contenido que viole sus derechos, obligándolos a bajar el contenido con la adición, que esto es lo peligroso, de autorizar o prohibir la comunicación pública, y la puesta a disposición pública de sus interpretaciones o de sus obras. 

También con estos derechos, el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso, por lo que, si no se cuenta con ello, se debe responder por daños y perjuicios. 

En ambos casos las sanciones administrativas también se modificaron, y a partir del 5 de noviembre, serán de hasta 250 mil UMAS que corresponden a 21.5 millones de pesos en los terminos de la nueva Ley que entrará en vigor.

Aquí es en donde tenemos que detenernos. 

A partir de contar con sus marcas, el presidente puede aludir a una nota periodística o una imagen, señalando el uso indebido por no contar con su autorización. Se debe bajar de inmediato la nota “por la marca”, no vaya a creer que por posible censura, y se deberá tomar en las redacciones la decisión de bajarla, o pagar la multa que equivale, en muchos, casos al cierre del medio de comunicación.

La comunicación de los actos y dichos del presidente están en riesgo, al punto de exigir, a su conveniencia, no ser reproducidos. Con esto, el presidente de México ha puesto las bases para violentar el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda una censura cubierta bajo el disfraz del registro de sus marcas. 

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