Irene Muñoz

La toma de decisiones gubernamentales no siempre han sido las mejores. Hay casos que soportan que no tengan la debida prioridad, conocimiento y atención; y hay otros en los que no es así, y el daño generado al país así como a sus industrias, es mayor. La degradación de calificación de la seguridad aérea mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos (FAA), es uno de ellos.

El martes pasado conocimos la noticia. Un día antes, el presidente de México había minimizado el tema y señalado que ya se habían subsanado las deficiencias, algo que obviamente no fue cierto, así como también el gobierno dejó de atender y escuchar las voces que le alertaban que la degradación podría ocurrir.

La primera alerta fue en septiembre de 2020, cuando se dio a conocer la posibilidad de una reducción presupuestal a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), institución que sustituyó desde 2019 a la extinta Dirección General de Aeronáutica Civil, órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este organismo tiene autonomía técnica, operativa y administrativa, y es la encargada de ejecutar las medidas de seguridad, preventivas o actividades en la legislación nacional e internacional de la operación aérea de México. 

En noviembre del mismo año, se supo que el presupuesto de la AFAC tuvo una reducción del 27% al pasar de 519.7 millones de pesos que tenía en 2020, a 379.7 millones para el 2021, lo que representó una contracción de 140 millones de pesos lo que representó movimientos administrativos y reducción de personal. Esto sumado a la pandemia generó que en octubre de 2020 se efectuó la inspección de la FAA, la AFAC operaba con un cuarto de su personal, informó el Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Las consecuencias primarias del hecho para nuestro país son muchas. Primero, la cancelación de venta de boletaje de las aerolíneas de Estados Unidos para aerolíneas mexicanas. Segundo, la cancelación de apertura de nuevas rutas así como la generación de códigos compartidos. Tercero, la imposibilidad de reactivar rutas que por la pandemia habían sido suspendidas de forma temporal de las aerolíneas mexicanas hacia ese país. Cuarto, operativo tanto para la aviación comercial como para la de carga.

Como consecuencias secundarias, tenemos primero, que el esfuerzo de las aerolíneas y el sector turístico para reactivar rutas, recuperar frecuencias, incentivar el transporte aéreo, y generar una recuperación del turismo a esos sectores de servicios, se va a la basura ya que ahora se tiene que rediseñar la estrategia para lograr, con lo que se tiene, seguir sobreviviendo y nos pone en desventaja competitiva ante el mundo.

En segundo lugar de estas secundarias, y no por eso menor, fue la caída en la Bolsa Mexicana de Valores al reflejar una pérdida severa de aerolíneas como fueron Aeroméxico, cuyas acciones descendieron un 5.9%, Volaris continuó con su caída al reflejar un 4.6%, y para los aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) sus acciones cayeron en un 4.2%, del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se reflejó un descenso del 3.7%, y del Grupo Centro Norte (OMA) también se tuvo un retroceso de 3 por ciento.

La recuperación del Producto Interno Bruto y de los empleos del sector también quedan en pausa y es posible que ante el panorama de la industria se reduzcan más, ya que deben optimizar las frecuencias y operaciones vigentes versus la compra de equipos y la falta de llegada de turistas. La entrada en vigor de la degradación se dará cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores reciba la notificación de la FAA.

Por supuesto que en este tema existe mucha responsabilidad de varias dependencias del estado mexicano. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debió sensibilizar o tener la sensibilidad para que los recortes presupuestales no se llevaran a cabo en esa dependencia. El titular de la AFAC debió optimizar el recorte presupuestal y reducir inversiones en temas que no afectaran al sector. El Secretario de Hacienda y Crédito Público debió hacer números y darse cuenta que el daño no serían 140 millones de pesos que redujo, sino toda la contracción económica que generó en esos dos sectores que merma incluso la caja de ingreso de dinero al país; y el Secretario de Turismo debió sensibilizar, acompañar así como reiterar la necesidad de cuidar el cumplimiento al sector que ya de por si viene desde hace tres años a la baja.

El hubiera no existe. Pero en un país serio sí deberían existir consecuencias hacia esos malos servidores públicos que tanto daño hacen por hacer caso omiso al país. 

"Queda prohibida la reproducción total o parcial de las obras y contenidos de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito o licencia concedida por ESTRICTAMENTE DIGITAL S.C.; toda forma de reproducción no autorizada será objeto de las acciones y sanciones establecidas en la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley de la Protección de la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal."
Derechos Reservados ©️, Estrictamente Digital S.C., 2021

Compartir