Irene Muñoz

La Ciudad de México se caracteriza por ser una ciudad de libertades. Aquí las personas pueden caminar por la calle sin obedecer las sugerencias gubernamentales de mantener la distancia de 1.5 metros entre las personas, lavarse las manos de forma recurrente y utilizar cubrebocas, cubriendo nariz y boca de forma obligatoria y correcta al caminar por sus calles, al utilizar transporte público, al asistir a los mercados sobreruedas y públicos, al hacer ejercicio en el bosque de Chapultepec.

Estas libertades y respeto al habitante hacen que las autoridades no generen una forma de cumplimiento obligatorio al no contar con sanciones para los ciudadanos así como tampoco para personal del gobierno que lo vemos recurrentemente sin cumplirlo como es con los policías, las personas de protección civil, los de bacheos, personal recolector de basura y muchos otros, todo por proteger esta libertad.

Este hecho que parece generoso del gobierno a los ciudadanos realmente no lo es, y ha sido corresponsable y sentencia a los habitantes a ser sujeto de contagio y muerte cada día por la Covid-19, y ha desarrollado una crisis profunda en la economía de la ciudad.

Sin embargo, esta acción o falta de acción del gobierno, permite que las personas violen el Capítulo II Artículo 159 del Código Penal para el DF en el que se establece que, si se padece una enfermedad grave en período infectante, y ponga en peligro de contagio la salud de otro siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrá prisión de tres a cinco años y de 150 a 300 días de multa. 

Pero eso no importa, estamos en un semáforo naranja, cruzando la puerta para en cualquier momento a regresar al color rojo, pero con una ciudad distinta a cuando estuvo en esa condición hace unos meses. Hoy la gente tiene lastimado el bolsillo, las fuentes de trabajo fueron reducidas, existieron quiebras y desempleo y no hubo apoyos fiscales para pequeñas y medianas empresas.

Además la ciudad se encuentra en una situación muy vulnerable ya que al demostrar que no hay nada que obligue a la gente a cumplir con las sugerencias gubernamentales, no necesariamente regresarán al confinamiento, ya tienen medidas a las autoridades y saben que pueden seguir haciendo su vida como si nada, pero será a las empresas de todos tamaños y sobre todo al sector de servicios a los que una vez más se lastimará y destinará al incremento de quiebras y desempleo. Por ello el cierre no puede ni debe ser igual.

Los restaurantes por ejemplo, deben tener un diferenciador ante el posible cierre y permitir a los que tengan terrazas o puedan generarlas estableciéndolas en la vía pública, continuar con esos espacios abiertos cumpliendo con la nueva normalidad. Esto permitirá generar una alternativa para evitar una mayor crisis.

En el caso de los hoteles hay una crisis mayor. A pesar de que permitieron la apertura del 30 por ciento de su ocupación, sólo han logrado cubrir en promedio tan sólo el 15.6 por ciento al cierre del mes de octubre; y con una tarifa por habitación reducida en aproximadamente un 50 por ciento. Estos establecimientos no han logrado recuperar ni siquiera el porcentaje permitido y esto les ha generado la continuidad en pérdidas de forma prolongada por lo que deberían dejar que sigan con su operación y generen mecanismos de control.

Para el caso de centros comerciales y supermercados, se supone que existe la restricción de tiempo en los establecimientos y número de personas por acceso y por local comercial; lo único que debe hacer la autoridad es obligarlos a cumplir con lo establecido pues esto reduce de forma considerable la movilidad de las personas.

Como autoridad deben reducir y cumplir con lo establecido para los diversos transportes públicos. Podemos ver cada día como pasan los autobuses, microbuses, metrobús y el metro lleno de gente en horas pico, sin cumplir con la sana distancia y sin obligarlos a utilizar gel para higienizar las manos antes de tener acceso a ellos. También somos testigos de como hacen filas para esperar su transporte sin hacer caso alguno a las normas para la nueva normalidad.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene un gran reto en este momento, debe ajustar y crear con acciones específicas para pasar a un semáforo rojo bien planeado y que preserve a las personas, sus empleos y economía ya que de lo contrario será un grave fracaso. 

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