Irene Muñoz

El sector de los servicios y en específico el del turismo, se encuentran inmersos en una crisis profunda que inició en febrero, y se ha recrudecido conforme pasan los meses tanto en el país, como en el resto del mundo por la pandemia de Covid-19.

Los países generaron apoyos fiscales como la deducibilidad de impuestos tanto para empleadores, locales y consumidores; realizaron apoyos económicos directos a la industria, crearon créditos altos a muy bajas tasas para facilitar la liquidez con plazos de hasta 20 años; y apoyos gubernamentales para la digitalización de la industria.

También hicieron reducciones del IVA al 4% en países como España, bonificaron cuotas de Seguridad Social de febrero a agosto; flexibilizaron o suspendieron el pago de suministros como la luz, agua, gas. Se prolongó la presentación de declaraciones de impuestos, y se renegociaron pago de alquileres de locales. Los países tienen clara la relevancia de sostener al sector por los empleos e impacto positivo al PIB que genera.

México situado en el top ten mundial de destinos turísticos, no contó con un gobierno a la altura de la crisis. La afectación y apatía gubernamental hicieron más profundo el hoyo sin miras a rectificar la falta de gobernanza en la que vivimos.

Incalculable número de reuniones locales y federales se llevaron a cabo sin eco alguno. El Congreso de la Unión que se supone nos representa a todos, tampoco ha representado con dignidad al sector para generar soluciones en el inmediato, mediano y largo plazo.

La iniciativa privada, como es ya costumbre, entregó el 3 de junio de 2020 un paquete legislativo para enfrentar la emergencia del sector por medio del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR).

Este documento de 37 páginas presenta acciones para recuperar al sector, como es la modificación de la Ley del ISR para estimular la inversión privada; así como acelerar la deducción fiscal de nuevas inversiones. Solicitan en específico diferir el pago de impuestos y que se asegure la devolución oportuna del IVA. 

Piden que haya estado de Derecho, ya que la falta de certeza jurídica crea frenos a la inversión en proyectos turísticos por el riesgo para la planeación, trámites, ejecución y operación de los proyectos.

Solicitan estímulos fiscales a la inversión con exención de impuestos hasta por 15 años; modificar la Ley General de Turismo y disposiciones legales de carácter fiscal para construir paquetes de estímulos a la inversión. Se busca generarlos para que a su vez retribuyan a Hacienda ya que la recaudación es nueve veces mayor al monto de las exenciones. Para el rubro de prestaciones laborales y para preservarlas, se pide la deducibilidad de impuestos al 100 por ciento. 

Para promoción turística del país, solicitan asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos para compensar la falta de la presencia de México en los mercados internacionales y ser competitivos. 

Deducibilidad en el consumo de restaurantes y transporte turístico. Es de gran relevancia mencionar que la industria restaurantera no cuenta con los mismos beneficios de nuestros socios comerciales en Estados Unidos, así que se solicita cambiar la deducibilidad del consumo del 8.5% al 50% con reglas claras para evitar abusos.

Al congreso se les solicita establecer tasa 0 de IVA a turismo de reuniones. Este rubro está muy golpeado y es mucho más difícil el retorno de este tipo de turismo. Con esta acción se puede ser competitivo para ganar congresos y traerlos a México. 

Deducibilidad de viaje familiar para el consumo interno, que constituye el 76.3% del consumo turístico total. Para ello deducir hasta por 25 mil pesos estos viajes y no debe ser parte del monto máximo previsto en la Ley del ISR.

El documento está en el Congreso, pero como no lo mandó el presidente pues no es relevante para ellos; son insensibles al desempleo a las quiebras y al sostenimiento del país por lo que todo queda guardado, en el cajón de buenos deseos. 

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