Irene Muñoz

La lista sobre la insensibilidad gubernamental desde 2018 de los gobiernos en México, es larga y abarca varias esferas de nuestra sociedad. La carencia de medicinas y tratamientos en general, así como en lo particular para la niñez con cáncer; la eliminación de guarderías; la falta de atención y reconocimiento a la violencia de género contra las mujeres, la falta de eficiencia ante la pandemia por Covid-19 tanto médica como económica, así como la falta de empatía con víctimas en diversas catástrofes, la violación a derechos humanos y al estado de derecho, son tan sólo alguna de ellas, pero la lista asciende de forma alarmante.

El martes pasado al medio día, con el argumento de ejecutar las medidas cautelares establecidas en el oficio 2383 signado por el Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, más de 60 policías con armas largas que pertenecen al gobierno del estado de Puebla, bajo el mando de Rogelio López Maya, así como miembros de la Fiscalía General de la República (FGR), arribaron a las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para quitar la posesión de esta casa de estudios a las personas que conforman la Fundación Mary Street Jenkins y pasar la posesión al nuevo Patronato de las Américas. Hecho que hasta el momento carece de legalidad ya que se cuenta con dos amparos que suspenden estas medidas.

Hasta ahí parecería que estamos hablando de un tema entre particulares cualquiera, pero esto no es así. A partir del arribo del personal armado y de la filtración de documentos oficiales por parte de personas de gobierno, ya que el oficio se dio a conocer en la cuenta de Twitter @JCarlos_Valerio de Imagen Noticias Puebla con el sello de esa oficina, se hizo de lado lo más importante que es la comunidad universitaria. La generación de violencia en las puertas de la casa de estudios, así como la portación de armas largas dentro de un espacio de universalidad de ideas sin respetarlo en su carácter académico, nos transporta a los años 60’s cuando la violencia del estado llevo a cabo la represión más grande contra estudiantes.

Aunque existió confusión entre las autoridades y el profesorado que estábamos en ese momento en la universidad, y que no entendíamos lo que pasaba e incluso confundimos a la Guardia Nacional en un momento, cuidamos que no se violentara al estudiantado que estaba a punto de iniciar de forma presencial sus clases. Sin embargo, la agresividad de los representantes del gobierno de Miguel Barbosa Huerta y su presencia armada en un campus con estudiantes habla de la gravedad en la falta de sensibilidad gubernamental.

Rectores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), de la Universidad Iberoamericana, Universidad Madero, y Anáhuac Puebla, externaron en redes de inmediato su preocupación a la toma por la fuerza de las instalaciones e hicieron llamados para su recuperación y continuidad del espacio estudiantil. En un tema de negocios, tampoco salieron las cosas como lo quería el patronato en pugna, tan fue así que en el programa de Carmen Aristegui, el abogado de Guillermo Jenkins de Landa, Carlos Serna Rodríguez, dijo que la acción fue “desafortunada” y su cliente no lo solicitó así. En ese caso habría que preguntarnos quién fue el iluminado que creo tan lamentable situación ya que visto incluso como negocio, este es un golpe y desprestigiaría a sus nuevos poseedores.

Ante los hechos y la permanencia de la policía dentro del campus, una manifestación pacífica del alumnado acompañados por pocos de los profesores que pudimos estar ahí, llevaron a cabo la entrega de un pliego petitorio firmado por más de mil alumnos y exalumnos, en el que solicitaron el abandono de los elementos de seguridad pública de las instalaciones del campus; que no se vean afectados los procesos académicos ni administrativos.

También solicitaron se asegure la integridad del estudiantado que se encuentra aún en Colegios Residenciales así como de la familias que habitan en la zona residencial del campus; se continúe pagando las nóminas; la devolución íntegra del patrimonio a la comunidad universitaria; y la solicitud de una declaración oficial del supuesto nuevo presidente del Patronato Horacio Magaña Martínez, respecto a lo sucedido dentro de la institución.

El pliego que al principio no quiso ser recibido por los oficiales, pero al poco tiempo se entregó a Edgar Gómez de la Secretaría de Gobernación de Puebla. Algo que sin duda llama la atención ya que en teoría al ser una instalación privada no tendría por qué estar esta persona de gobierno en el lugar, y mucho menos recibir una solicitud del estudiantado dirigida a la propia universidad.

Hemos tenido muchas historias de represión violenta contra personas en las universidades o normales por parte de autoridades, como profesora en la UDLAP me sumo al llamado estudiantil, condeno lo ocurrido, solicito la retirada del gobierno estatal de las instalaciones, y espero que el campus regrese a ser lo que hasta ahora ha sido, una de las universidades más prestigiadas del país. 

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