Irene Muñoz

Después de leer con atención los documentos enviados por el Secretario de Turismo y la Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX a ejecentral, para defender sus actos ante lo publicado en este espacio. Me referiré para dar respuesta a ellos, punto por punto:

En el punto 1 y 4. El acuerdo referido permite sesiones ante la emergencia por medios remotos para continuar con las funciones esenciales de los sectores que el gobierno decretó como tal y cuya convocatoria debe ser en tiempo y forma. El sector turístico no es y nunca estuvo enunciado como esencial y como aceptan en el texto, su convocatoria fue fuera de lo establecido por ley, que para estos casos se debió reprogramar al constituir una ilegalidad de origen. 

En el punto 2 y 5. El Comité Técnico, determina el recurso para sus acciones y programas, pero no está facultado para modificar un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de la CDMX, ni para traspasar presupuesto entre entidades. Argumentan la solicitud hecha por la Jefa de Gobierno al Congreso, pero esto ocurrió varios días después de dicha sesión. El dinero ya había sido retirado violentando ley. La ley no es retroactiva y se hizo un manejo ilegal de ese recurso etiquetado. 

En el punto 3. Al momento de someter el Secretario de Turismo y la Directora del FMPT a votación la modificación a las Reglas de Operación, estableciendo cosas distintas a su ley marco que es la de Turismo, argumentando igualdad con la Ley de Participación Ciudadana, violaron la ley, explico:

Cada Ley regula de manera exclusiva una materia, la Ley de Turismo, solo regula esa materia y no otras, no puede regular el derecho penal o la participación ciudadana ni viceversa.

Para que una ley sea utilizada en otro campo o materia, se aplica la manera supletoria (“supliendo” a la norma de la materia en algo que no dice o es obscura) que debe tener las siguientes características:

La supletoriedad, se establece en la Suprema Corte con criterio por ejemplo en la jurisprudencia número 2013714:

El ordenamiento legal a suplir establece expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. La ley a suplir no prevea la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente.

Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado.

Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

Como puede observar, existe una absoluta violación a la ley. No es una opinión, hay jurisprudencia al respecto que lo establece, y permite el amparo para eliminar dichas violaciones.

Punto 6. En sus Reglas de Operación sumaron a un contralor ciudadano al Comité Técnico, pero en realidad integraron y consta en las actas, a Teresa Monroy Ramírez, Directora General de Contralorías Ciudadanas*, que sí es servidor público, creando la votación 6 de gobierno y 4 del sector privado. Inédito por su inequidad que establece la mayoría gubernamental pero por uno, y no por dos votos.

El lamentable punto 7 denota un desconocimiento al origen de ese impuesto, y una falta de respeto al sector privado turístico de la CDMX. Ese impuesto fue creado para la  promoción turística de la ciudad a finales de los 90´s, como mecanismo de posicionamiento turístico sin generar gasto para el gobierno. Por ello se condicionó la participación del sector turístico privado en el órgano colegiado para decidir y vigilar el uso adecuado de lo recaudado y en 1998 se formó el Fideicomiso Mixto FMPT,  con un voto más de gobierno para tener desempate en las decisiones coyunturales. 

Si ese impuesto no será utilizado para lo que se originó, carece de sentido su recaudación. La falta de reconocimiento y respeto también de estos funcionarios a las cámaras y asociaciones que deberían proteger, es deplorable. Por ello el sector envió una dura carta a la Jefa de Gobierno solicitando su intervención y una investigación contra quien resulte responsable de las violaciones.

Dentro del envío a ejecentral para su derecho de réplica, no se percataron de otro acto ilícito en el que incurrió Carlos Mackilay, la usurpación de cargo público.

En diciembre de 2018, se apersonó como Secretario de Turismo en dos sesiones al Comité Técnico y fungió como Presidente, así como firmó las actas. Hay un detalle, su nombramiento se realizó el 1 de enero de 2019 por lo que esas sesiones que determinaban el presupuesto del 2019 fueron ilegales, y él usurpó funciones como se establece en el artículo 402 del Código Penal.

En resumen, sólo puedo decir que la ignorancia de la ley, no les exime de su cumplimiento, y la violación al estado de derecho, es el sello de estos funcionarios.

* De 2015 a febrero de 2017, fui Directora General de Contralorías Ciudadanas.

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