Irene Muñoz

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), unidad adscrita a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha estado envuelta en un problema para lograr sacar adelante la expedición y revalidación del examen psicofísico integral para el personal que labora en el sector aeronáutico.

Esta crisis se generó cuando el extitular de dicha dirección, doctor Ricardo Neri Vela, tomó la desafortunada decisión al inicio de la pandemia por Sars-Cov-2, en marzo del 2020, de bajar las cortinas de las 63 unidades del país adscritas a esa dependencia y suspender la aplicación de exámenes médicos tanto para la expedición y revalidación del examen psicofísico integral.

Su decisión fue de llamar mucho la atención ya que, en lugar de sumar al personal médico adscrito a esa dependencia a la implementación de protocolos para prevenir y erradicar al virus tanto para el personal como para las terminales aéreas, así como continuar con los exámenes para conseguir las licencias federales, tomó la decisión de que todo el personal enfrentara la pandemia, pero desde casa.

Esto y a pesar de tener responsabilidades claras en la Circular Obligatoria SA 09.1/13R1 que va ya en su versión cuarta, en la que se determina desde el principio, que Medicina en el Transporte debía mantener un vínculo estrecho con Sanidad Internacional para cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional, analizar, evaluar y dar seguimiento a lo relacionado con medicina de aviación, factores humanos y emergencias sanitarias en el transporte aéreo entre otros, así como coordinar las acciones en materia médica y sanitaria del personal de aerolíneas y aeropuertos.

También son los responsables en coordinar la aplicación de la circular obligatoria, supervisar los eventos de capacitación sobre los procesos de atención y respuesta ante emergencias de salud pública que impartan autoridades de salud y las entidades autorizadas para hacerlo. 

Sin embargo para el doctor Neri fue más seguro hacerse de la vista gorda y mandar al personal que podía ser de primera línea, desde el mes de marzo y hasta agosto, a sus domicilios dejando la responsabilidad a las terminales aéreas que tuvieron que llevar a cabo acuerdos con los estados para contar con profesionales médicos para la implementación y que concluyó con su renuncia en diciembre por “temas personales”.

A partir de ello, el doctor José Manuel Nogueira Fernández, nuevo titular y heredero de esta bomba que le dejaron en las manos, ha tenido que llevar a cabo acciones emergentes como  implementar prorrogas para el personal que requiere de estos exámenes, para que puedan contar con su licencia o renovación de la misma, lo que rompe con los lineamientos de seguridad que establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como contratar a 171 médicos dictaminadores externos, práctica que ya se había erradicado por detectar casos de corrupción, pero que sin ella es casi imposible salir adelante.

Si bien el propio doctor Nogueira generó un reconocimiento a sus unidades y las privadas por el esfuerzo en la implementación de los exámenes y la generación de 100 constancias de actitud psicofísica, no se ha logrado cubrir ni siquiera el 20 por ciento del personal que debe ser evaluado.

Esta circunstancia, como muchas otras del sector aeronáutico de nuestro país, ha sumado sin duda a la baja de calificación de la aviación mexicana. El no contar con los supervisores necesarios para que la industria se desarrolle conforme a la norma estricta, así como no tener al personal suficiente y calificado, seguimos pegando parches a diestra y siniestra, para tratar de resolver, aunque sea de forma temporal, lo que debería ser tomado como una prioridad por nuestro gobierno, tanto por la seguridad, como por crecimiento económico que nuestro país necesita. 

Frente a todo esto, es claro por qué bajan de calificación a la aviación mexicana. 

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