Irene Muñoz

En los últimos años las personas que conforman al servicio público mexicano han sufrido por parte del gobierno un detrimento en sus condiciones laborales e incluso en su propia actividad, que ponen en riesgo una óptima administración pública de la Nación. Ellos realizan funciones tan relevantes, que los hemos visto enfrentando sin descanso y en primera línea, incluso poniendo en riesgo su vida, la crisis sanitaria por Covid-19. 

El artículo 25 de nuestra Constitución establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo”.

Para que esto se cumpla, las personas del servicio público que conforman el gobierno, deben estar capacitadas para el buen desempeño de sus funciones y cargo o comisión; que actúen con conocimiento y principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como contar con la preparación técnica profesional para consolidar la buena administración pública.

Sin embargo, pareciera que el propio gobierno, al que pertenece el servicio público, no se da cuenta de que se requiere gente preparada y competitiva para llevar a buen puerto su proyecto de Nación, y han implementado una estrategia de desprestigio y castigo a su brazo operativo.

Las reducciones salariales, de prestaciones, así como el castigo impuesto para poder trabajar por los siguientes 10 años después de dejado el cargo, dentro del sector en el que está especializado, quitarles las computadoras, y obligarlos de forma “voluntaria” a ceder un porcentaje de su ya castigado salario,  bajo el paraguas mediático de protección que dan las palabras taquilleras como “austeridad” y “corrupción”, han hecho que personas clave de instituciones relevantes para el desarrollo y competitividad del país, como son del Banco de México, la Secretaría de Hacienda, e Inegi, por mencionar sólo algunas, hayan preferido irse al sector privado, en el que ofrecen pago justo a su academia y experiencia.

El no contar con este personal, e incluso sacrificar y seguir castigando al poco que decidió, por los años de servicio que tienen, quedarse en la administración pública, ha reducido la posibilidad de generación de proyectos de inversión, competitividad, sustentabilidad y crecimiento económico, que tanto requiere el país; y que justo es el sentido de un buen servicio público.

Con este castigo y maltrato hacia ellos, la capacidad técnica desafortunadamente se ha reducido, y esto afecta no solo al gobierno en su capacidad para solucionar problemas y formular políticas públicas, sino al país. 

El actuar gubernamental actual, con estas acciones, genera una nueva forma de corrupción. Contratan a personas sin academia, experiencia, ni conocimiento para los cargos que desempeñan. Al aceptar estas personas un nombramiento, en estas circunstancias, también es corrupción. Se utiliza dinero público, que es recaudado del pago de nuestros impuestos, para otorgarlo a personal que no actúa por el bien del país.

Se requiere talento y compromiso en la administración pública de México, pero a este paso, terminaremos con personal de quinto nivel sin visión, objetivo ni compromiso con el país, que cobra por un nicho de poder y ser, pero que no cumple con el deber ser. Algo muy grave en este barco que cada día, se hunde más. 

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