Llega un primero de septiembre más y con él, el correspondiente corte de caja presidencial, en el que se ratifica siempre la buena marcha del gobierno y se asumen los compromisos con la ciudadanía a favor de una mejora de las condiciones de vida. En este caso, sin embargo, se trata de un informe especial, porque corresponde al que se rinde al término de la primera parte de la administración del Presidente Peña Nieto, un período en el que han habido claros y oscuros que no se pueden ocultar; y también, un informe excepcional, porque las condiciones internacionales obligan a que los compromisos que se asuman hacia el futuro se construyan con, y no sólo para la ciudadanía.
Quedaron muy atrás los días en que la presentación televisada del informe presidencial obligaba al asueto, o en los que la hegemónica figura del titular del Ejecutivo oficializaba la supeditación del resto de los poderes a una serie de rituales y simbolismos, en los que siempre quedaba entreverada la lucha interna por la preferencia presidencial, de la que dependía la designación del sucesor.
Para bien de todos, el ejercicio del poder público se divide en los tres órganos denominados Poderes de la Unión, que hoy comparten su responsabilidad con más de una decena de órganos constitucionales autónomos, que gozan de atribuciones del más alto rango y sin supeditación oficial a ninguno de los tres tradicionales y sí, en cambio, una subordinación total frente a la ley.
Si debemos hacer un recuento y un corte de caja de la primera parte del sexenio, debe aplaudirse sin regateo alguno el hecho de haber logrado, en la arena de lo político, la concreción de todo un conjunto de reformas constitucionales y legales del más hondo calado, que sí definen un camino a través del cual se puede llegar a transformar a México. Se trata de la culminación de un proceso de cambio que se logró con el acuerdo de los tres partidos mayoritarios, cuya asamblea no puede escatimarse al Presidente de la República quien, en contraste con los que le precedieron, tuvo el acierto, cuando menos mínimamente necesario, de entender que en su calidad de Jefe de Estado no podía impulsar la transformación legislativa sin el obligado respeto por la oposición, un respeto en el que se supo conservar la distancia que debe existir en lo político y que es muy distinta de la que prevalece en lo electoral.
Sin lugar a dudas, la reforma más trascendente para el país es la educativa, porque es la única, junto con la política, que puede llegar a modificar el tejido social y arar en pro de un proyecto nacional integral que favorezca la movilidad y el crecimiento personal para cada mexicano sin distingo de raza, religión o condición social. El mal que más afecta a nuestro país es la desigualdad, y ésta no puede superarse sino por la vía del conocimiento y la formación como elemento primordial para la superación individual.
Es de esperarse que, así como ha venido modificándose estos meses una enraizada estructura sindical para permitir la evaluación docente, el nuevo titular de la Secretaría tenga lista la agenda de los puntos que se deben impulsar para modificar, de fondo, la manera en que la educación se viene ofreciendo a favor de los jóvenes de México. Sería de lo más destacado recibir la noticia de nuevas ideas para lograr que la educación que se imparta sea más eficiente, no sólo en dirigir la educación hacia el empleo, sino en lograr la formación como la vía más idónea para que cada niño alcance un auténtico estado de satisfacción y plenitud intelectual.
Se ha criticado la reforma fiscal y se ha inferido que es por ésta que el país no tiene datos de crecimiento económico más alentadores, y es verdad hasta cierto punto que la reforma fiscal ha venido a imponer una carga que podría estar menguando la eficacia de los procesos productivos; pero en la dinámica de la vida económica nacional, se prevé un ajuste a la normatividad en el ámbito de lo impositivo. Sin embargo, bien podría reconocerse que de no haber sido por la reforma tributaria y ante el drástico declive de los precios del petróleo, sin la renovada recaudación obtenida a lo largo de este año el gobierno no tendría otra opción sino la consabida receta del endeudamiento público, con sus terribles consecuencias.
La reforma en materia de telecomunicaciones es quizá, en lo económico, aquella que más debemos destacar, pues con independencia de la todavía no concretada incursión de un nuevo competidor en el mercado, ATT, por virtud de la compra de Iusacell y Nextel, de cualquier modo se han reducido las tarifas en el ámbito de la telefonía celular, desaparecieron los cargos por larga distancia y se ofrece ya la consolidación del servicio sin cobro de roaming en el área internacional más grande del mundo, que es Norteamérica.
Son lamentables los acontecimientos de Iguala, que siguen sin resolverse y en investigación, como también las violaciones de derechos humanos en el Estado de México. Debe reprobarse, quizá, la temerosa y tardía respuesta y estrategia que en su momento ofreció el Gobierno, en donde no se entendió la magnitud del problema. La mejor manera de remediarlo, sin embargo, debe de ser ofreciendo un resultado amplio y total de las investigaciones y, además, la presentación de una política de prevención que permita impedir, en la más amplia medida de lo posible, que acontecimientos del mismo tipo pueden llegar a repetirse. El fortalecimiento constitucional de la CNDH y la posibilidad permanente de que se firmen acuerdos interinstitucionales que oficialicen su intervención en los operativos de seguridad que deben ejecutarse, sería un primer paso que podría concretarse.
En la segunda parte del sexenio resulta inaplazable lograr la materialización de los efectos que propone el nuevo marco jurídico nacional, sobre todo en aquellas actividades que mayor inversión y crecimiento económico podrían detonar. La inversión y aportación de capital, sin embargo, están condicionados a la construcción de un nuevo acuerdo nacional, en los que intervenga el Estado y los dueños de los campos de producción del país, porque la posición crítica en contra del gobierno y los partidos en el poder, por quienes han visto afectados sus privilegios con motivo de las reformas, no podrá ser un medio para concretar una contrarreforma y sí, en cambio, un obstáculo para lograr la construcción de un país menos desigual en el que todos, incluidos ellos, puedan alcanzar un mayor bienestar.