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Jonathan Nácar y María Idalia Gómez

La estrategia del Congreso de Tamaulipas funcionó, porque entrampó el proceso de desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados deberá presentar, en un máximo de 30 días, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es así que el máximo órgano de justicia del país deberá destrabar el conflicto entre ambos congresos, ya que el de Tamaulipas, además de aprobar una iniciativa que protege temporalmente al mandatario local, interpuso su propia controversia constitucional.

Estas acciones le dieron tiempo a García Cabeza de Vaca porque mantiene su fuero y, con ello, frena a la Fiscalía General de la República, ya que no puede todavía solicitar las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y lavado de dinero. 

No existe precedente jurídico de un caso similar, por lo que la decisión de la Corte podría sentar presedente.

Los legisladores tamaulipecos consiguieron, con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones declarar improcedente la homologación de la declaración de procedencia que el pleno de la Cámara de Diputados había avalado minutos antes en busca de desaforar al gobernador panista. 

Con 26 votos a favor, tres en contra, y siete abstenciones el Congreso de Tamaulipas declaró improcedente el homologar la declaración de procedencia que el Pleno de la Cámara de Diputados había avalado minutos antes para despojar de su fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, teniendo como argumento central que la autonomía de los Estados, se basa en una reforma constitucional de 1982 sobre federalismo y respeto a la autonomía de las entidades federativas.

Pero, el dilema del mandatario panista sigue en suspenso, pues aunque con la resolución del Congreso tamaulipeco en favor del mandatario de Acción Nacional se pone un freno a la resolución que el Congreso de la Unión aprobó, tras más de seis horas de discusión, con mayoría de 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones la declaración de procedencia que dictaminó la Sección Instructora. Aún cabe la posibilidad de que la determinación del Congreso de Tamaulipas sea impugnada.

Por ahora, el gobernador acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y lavado de dinero, mantiene su inmunidad procesal penal y, por lo tanto, no podrá proceder en su contra.

Sin embargo, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco, Gerardo Peña, reconoció que ante la discrepancia de ambos congresos –el federal y el estatal—deberá ser el máximo tribunal el que tenga la última decisión en cuanto a si procede o no el desafuero del mandatario, quien está a un año y cinco meses de cumplir su mandato. 

A fin de presentar dicha controversia constitucional, cuya responsabilidad recae ya para los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Congreso federal, éstos contarán con un plazo de 30 días para interponer el recurso ante la SCJN a fin de destrabar el polémico procedimiento. 

“Sólo en este país hay dos opciones políticas: o estás con el Presidente o el Presidente está contra ti”, señaló el mandatario estatal al reiterar que en su intención de desafuero no había una causa de justicia sino “una venganza política”, de esta manera se pronunció el gobernador García Cabeza de Vaca tras la aprobación en el Pleno de San Lázaro, que prácticamente fue frenada por el congreso local en menos de dos horas. 

“Aquí lo interesante si llega a la Suprema Corte es que se va a establecer si el Congreso de Tamaulipas ya estaba legalmente notificado para llevar a cabo la votación, porque fue muy rápido, suena como absurdo o fuera del derecho que estas sesionando cuando la Cámara te notifica, y eso se va a tener que verificar la Corte”, dijo Sonia Juárez Moreno, maestra en Derecho por la UNAM. 

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