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Jorge Díaz Elizondo

¿Es incapacidad o colusión? ¿Es desprecio o ignorancia? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto para que nuestras autoridades no actúen?

México cuenta con amplias libertades para opinar. Me refiero al ámbito nacional principalmente, dado que todavía existen localidades muy específicas donde algunos caciques continúan intimidando a quienes se dedican al oficio del periodismo, el análisis y la opinión informada. Sin embargo, podríamos decir que vivimos en un país con amplias libertades para opinar, y qué bueno.

La aparición de las redes sociales, blogs de múltiples temas y la irrupción de los medios de comunicación en las mismas, han abierto el paso para la libre difusión de las ideas, opiniones y críticas, mientras que la aparición de personas que quieren dar su punto de vista y antes no tenían acceso a los medios, ahora lo hacen fácilmente.

Mucho se ha dicho sobre la influencia de las redes para hacer cambiar el rumbo de algunas cosas; sin embargo, hay quienes siguen desafiando esa posibilidad en México: las propias autoridades.

Un ejemplo claro es la demanda del uso de la ley y en su caso, la fuerza, sobre quienes cometen actos vandálicos a la vista de todos, documentado por profesionales y amateurs y repudiado por todos los sectores de la sociedad.

El caso del sindicato magisterial disidente en las regiones de Oaxaca y Guerrero, principalmente, representan la burla más grande. No son únicamente voces de centro o derecha las que critican severamente el vandalismo con el que se manejan estos grupos, sino también, voces de izquierda, objetivas y sensatas. Por supuesto, hay que hacer a un lado a todos aquellos que se benefician del caos y desde sus plumas y micrófonos hacen todo lo posible para que esto continúe.

Críticos severos del sistema y muy respetados por su prestigio e imparcialidad como Sergio Aguayo, coinciden en la condena a todo tipo de violencia. No se trata de ideologías como se puede ver, se trata de respeto a la ley.

Luego pues, las criticas (unas más objetivas que otras, unas más sustentadas que otras) ahí están y no pasa nada.

Los gobiernos locales, estatales y federal no hacen nada.

Las preguntas obligadas son ¿por qué? ¿A qué le temen? ¿Cuál es el cálculo?  Que nos digan lo que pasaría si se aplica la ley con esos grupos que evidentemente no son mayoría.

Casi todos queremos que se ponga orden y no hacen nada.

¿Por qué les conviene que esto siga así en esas regiones?

¿Es incapacidad o colusión? ¿Es desprecio o ignorancia? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto para que nuestras autoridades no actúen?

La versión de no dar pie a la desestabilización me empieza a parecer un pretexto infantil.

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