La abogada laboral Susana Prieto Terrazas denunció hostigamiento por parte del gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral; además, acusó una “presunta asociación delictuosa” entre los gobiernos estatales de esta entidad y la de Tamaulipas, en donde fue detenida el pasado 8 de junio.
En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la abogada señaló que luego de emplazar a huelga como representante del movimiento 20/32 en enero de este año en contra de Juan Villafuerte fue detenida de manera ilegal, pues, acusó, no se le presentó una orden de aprehensión.
Prieto Terrazas señaló que evidenció la precarización laboral en distintas empresas maquiladoras de Tamaulipas, y ante la suspensión de actividades por Covid-19, regresó a Chihuahua, para pasar el asilamiento con su familia.
Sin embargo, dijo, esto causó revuelo en el empresariado y el gobierno de Chihuahua. Y es que, señaló, las condiciones laborales y sindicales entre ambas entidades son muy distintas, pues mientras en Chihuahua solo el 10 por ciento de los obreros de maquilas está sindicalizado, en Tamaulipas todo trabajador está bajo un régimen de sindicalización.
La abogada indicó que su detención fue ilegal pues fue retenida y posteriormente detenida; además, indicó, fue llevada a la fiscalía sin que se le asignara un defensor particular o de oficio y la trasladaron a Ciudad Victoria sin que se le avisara a su familia. Posteriormente la presentaron ante juez que emitió la orden de aprehensión 10 horas después.
“Durante la audiencia de vinculación el ministerio público estaba empeñado en que me mandaran al penal de Tamatan hizo valer que to no tenía arraigo en Matamoros, y que tenía residencias en Ciudad Juárez, en Delicias y en Jiménez, lo cual es falso (…) pero también hizo valer que había carpetas de investigación en mi contra porque una televisora a nivel nacional me criminalizó el año pasado y dijo que tenía carpetas de investigación”.
Susana Prieto – dijo – consiguió una notificación que indicaba que no había carpetas de investigación en su contra en Chihuahua. No obstante, señaló, dijo que hay investigaciones que refieren que una de ellas tiene fecha el 20 de abril por parte de una empresa constituida por 18 mil trabajadores a quienes no se les garantizaron condiciones laborales ante la pandemia.
La abogada refirió que la investigación señala que incluso privó ilegalmente de la libertad a altos funcionarios de esta empresa, pero, refirió, esa empresa fue clausurada por Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde tres días antes.
Indicó que tiene la ciudadanía norteamericana, motivo por el que fue escoltada por la Guardia Nacional ante la orden de una jueza para abandonar el estado de Tamaulipas y radicar en Chihuahua.
En ese sentido, señaló que los abogados internacionalistas que ha consultado le han referido que su caso podría ser el primero por violación al capítulo 23 del T-MEC en cuanto a la libertad y democratización sindical. CJG