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Jair Avalos y Nantzin Saldaña

Un hombre con un balazo en la cabeza es llevado en la batea de una camioneta que sirve de ambulancia. El herido comienza a despedirse y poco a poco se alejan del pueblo de Oxchuc, que en los últimos tres meses se convirtió en un polvorín social dentro del estado de Chiapas.

Escenas  similares de disparos, heridos y cuerpos tendidos se replican en el país, que Marcan un enero de escenas violentas. En dos jornadas el saldo es de muertos, heridos y desaparecidos solo en la comunidad indígena chiapaneca. 

El descontrol de la violencia se ha hecho patente desde el inicio del 2018 y no solo por enfrentamientos entre grupos rivales, asaltos, balaceras, homicidios y cuerpos desmembrados que dejaron más de 250 ultimados en los primeros veinte días de enero en el país.

El descontento social se agrava en algunas regiones  y a ello se suma la escena electoral en la que las diferencias y desacuerdos pulsan una violencia en escalada y por la que en los primeros días del año ya se cuentan cinco líderes políticos ultimados. Que acumulados al conteo desde el inicio del proceso electoral 2017-2018, en septiembre pasado, suman 26 asesinados entre aspirantes, líderes políticos y de partidos, alcaldes, regidores y exfuncionarios.

En la comunidad tzeltal de Oxchuc, un ataque armado el miércoles dejó al menos tres muertos, más de diez heridos, 20 desaparecidos y una docena de casas incendiadas. El grupo disidente acusa a la ex alcaldesa María Gloria Sánchez de patrocinar el ataque.

Entre los fallecidos se encuentra el activista Juan Gabriel López Méndez, abogado que hace ocho días interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior a nombre de las autoridades indígenas oxchuqueñas. Organismos defensores de derechos humanos en Chiapas reportan que junto a él también perecieron por las agresiones Ovidio López Sántiz a quien se le identifica como regidor plurinominal y de la comunidad de Cruxilja y Víctor Sántiz Gómez,de la comunidad Media Luna.

El pueblo inició un combate desde el 2015, cuando desconocieron las elecciones municipales y orillaron a la alcaldesa a solicitar licencia al cargo e irse del pueblo. Desde ese momento inició una inestabilidad social que ha escalado con la toma de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos armados.

Este jueves 25 de enero se registró un nuevo enfrentamiento en “El Cerro Pelón” entre simpatizantes de María Gloria y la disidencia indígena que dejó más de 10 heridos. En los combates se ha registrado el uso de AR 15, rifles calibre 22 y revolvers calibre 38.

Este año se define el cabildo del pueblo y se espera que la tensión política crezca, ante el aumento de disidencia al Partido Verde.

En Chalchihuitán, a dos horas y media de Oxchuc, el problema de los desplazados frente al pueblo de Chenalhó sigue y la violencia contra las comunidades indígenas amedrenta a los habitantes.

El padre Pablo López, párroco de Chalchihután, señaló que “El lunes 22 de enero, (…) Disparando mucho. La gente está con miedo y desesperación porque no hay seguridad de la vida. El aviso ya lo hicimos muchas veces, pero seguimos con inseguridad. Ya se avisó, ya se dijo pero no hay justicia. Urge la seguridad”.

El polvorín social

Guadalupe Campanur Tapia, una ambientalista y miembro importante del Consejo indígena de Cherán, Michoacán, fue hallada muerta el pasado 17 de enero.

Campanur, de 32 años, era guardabosques y el crimen contra ella indignó a la comunidad michoacana que no celebrará elecciones; las autoridades son electas por usos y costumbres purépechas. Asociaciones civiles también se pronunciaron porque se esclarezca su crimen.

En tanto, en La Concepción, Acapulco, el enfrentamiento entre comunitarios y hombres armados y un operativo que derivó en un segundo choque entre los pobladores y agentes estatales y federales dejaron 11 muertos y 25 detenidos de CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la madrugada del domingo 7.

Hecho por el que organismos internacionales y nacionales, como ONU-DH y el Centro Tlachinollan, denunciaron tortura y ejecuciones extrajudiciales, y aseguraron que la violencia derivó por la falta de atención del Estado al conflicto social por la construcción de la presa.

A ello se suma el asesinato del profesor y periodista independiente Carlos Domínguez en Nuevo Laredo, quien fue ultimado a balazos mientras viajaba en su auto con su hija, el día 13. Este homicidio abre el conteo rojo de 2018 para los comunicadores y el 47 en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo al conteo que lleva ejecentral desde inicio de la administración federal.

Empresarios, también blancos

En escenarios distintos, los empresarios Salomón Sutton Juárez y Segismundo Díaz Martín fueron asesinados en León, Guanajuato y Cuautlancingo, Puebla, respectivamente.

El pasado 15 de enero Segismundo Díaz, un conocido empresario de plásticos y fibra de vidrio, llegaba a su domicilio con su esposa en Cuautlancingo, y tras atascarse su portón fue víctima de un asalto. Aparentemente se opuso y tras ser baleado, falleció.

En el caso de Sutton Juárez, que salía de una tienda de conveniencia en León, tras un intento de secuestro al que él se negó, fue agredido. Murió de un impacto de bala al pie de su vehículo.

Salomón Sutton es recordado por ser propietario de La Vista, un complejo de salones para fiestas de lujo.

Violencia política en escalada

En los primeros tres días del 2018 se registró el asesinato de un actor político. La primera víctima del año fue Miguel Ángel Licona, ex alcalde del PRI de Mixquihuala, Hidalgo. Muerto el 3 de enero pasado.

Otros tres asesinatos contra funcionarios en funciones se registraron. Los regidores priistas de los municipios de Celaya, Guanajuato, Jorge Montes González y de Balleza, Chihuahua, Diego Herrera Escárcega, fueron ultimados los días 24 y 7 respectivamente. A ello se suma el asesinado del panista Juan Manuel «Chale» Hernández, regidor de Ciudad Mante, Tamaulipas, el 13.

En el caso de Veracruz, el perredista Víctor Molina fue asesinado a balazos en su rancho en el municipio de Colipa en el décimo día de 2018. El abogado había sido alcalde y actualmente llevaba el caso del sindicato de trabajadores despedidos del Sistema de Aguas municipal del Puerto, por la llegada de Odebrecht y Aguas de Barcelona.

Un feroz y rojo 2018

La violencia generada por el crimen organizado es visible como campaña de terror. En Xalapa, una camioneta con nueve cuerpos fue abandonada en una colonia popular, cuatro cabezas dejadas sobre el cofre de un auto en Sayula de Alemán y cinco más en un taxi en Tlacotalpan. Escenas que se han repetido también en Guerrero. A lo que se suma el asesinato de más de 30 en solo unas horas en Chihuahua, en los primeros siete días del año. De ellos, 21 ocurrieron en Ciudad Juárez.

Tres días de bloqueos y enfrentamientos en Reynosa, Tamaulipas, entre militares, marinos y agentes estatales con brazos armados del Cártel del Golfo desató la psicosis.

El enfrentamiento de marinos con gatilleros del crimen organizado, en dos hechos distintos, marcaron un hecho inédito en Baja California Sur, con un saldo siete presuntos criminales muertos: seis abatidos y uno por atropellamiento. A lo que se sumó el secuestro y asesinato del hijo del comandante de Seguridad de Los Cabos.

En tanto, un comando incendió y disparó más de 100 veces contra una vivienda deshabitada en el Fraccionamiento Casas del Molino, en Tepic el miércoles 24. Lo que se sumó a los previamente valdalizadas y quemadas en la misma ciudad, que se atribuyen como propiedades del exfiscal Edgar Veytia y el ex comandante de la policía estatal Luis Antonio Torres Valdivia,
respectivamente. La última se atribuye a Eduardo Ávalos, colaborador cercano del exfiscal detenido en EU.

Al menos cuatro elementos de cuerpos de seguridad han sido ultimados. El comandante de custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, un policía federal en la Ciudad de México y un municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero; mientras que se sospecha que dos cuerpos hallados en una fosa clandestina en Culiacán corresponden a dos policías estatales.

En tanto, este jueves 25, el jefe de seguridad física de la refinería de Salamanca y de seguridad de Pemex en Guanajuato, incluida la red de ductos que cruzan el estado, fue baleado y ultimado cuando llevaba a sus hijos a la escuela. Uno de los mejores resultó herido en el tórax.

Otro delito de impacto a destacar fue la desaparición de siete jóvenes a fines de año en Chilpancingo, Guerrero. Para los primeros días del año dos de ellos aparecieron muertos y abandonados a la orilla de una carretera.

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