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Juan Carlos Rodríguez

Falta de controles en la custodia de la documentación comprobatoria del gasto, nula supervisión en la aplicación de los recursos y ausencia de control del registro de los movimientos financieros, son algunas de las deficiencias que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

De acuerdo con un análisis denominado Estrategia de Fiscalización al Gasto Federalizado, durante 2020 las entidades federativas reportaron gasto por 134.1 millones de pesos sin documentación comprobatoria; 85.3 millones están pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación, y otros 28.5 millones corresponden a bienes comprados, pero que no fueron localizados. 

Los recursos del FASP, de acuerdo con la auditoría, son relevantes para cumplir con estrategias prioritarias del gobierno federal en materia de seguridad, tales como profesionalización de los elementos policiales, equipamiento e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, prevención de la violencia, combate a la delincuencia y fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

En 2020, el presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló asignaciones para las funciones de seguridad pública por 157 mil 176.8 millones de pesos; el 73.3% de estos recursos corresponden a las acciones del rubro de justicia y el 26.7% se asignó para atender asuntos de orden público y de seguridad interior.

De ese total, la ASF identificó anomalías por 418.1 millones de pesos, de los cuales 164.1 millones fueron aclarados y 254 millones están pendientes de solventar. 

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