El pasado lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) efectuó la detención de Simón Pedro de León Mojarro, coordinador de delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
Esta detención se llevó a cabo en el marco de su presunta implicación en el famoso caso conocido como la “Estafa Maestra”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, agentes de la Policía Federal Ministerial capturaron al exfuncionario en la colonia Lomas de Chapultepec, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Posteriormente, fue presentado ante un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Sur.
La acusación en su contra se centra en su presunta autorización indebida de un contrato entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del estado de México, por un monto de 124 millones 100 mil pesos. Esta operación supuestamente tenía como objetivo la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales a través del denominado “Cuestionario Único de Información Socioeconómica” (CUIS).
Acusaciones contra De León Mojarro
No obstante, es importante destacar que en 2019, el juez de Control, Fernando Payá Ayala, con residencia en el Reclusorio Norte, determinó no vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones debido a la falta de elementos probatorios en su contra.
También enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Este caso estaría relacionado con un supuesto desvío de 77.8 millones de pesos durante su tiempo en la Sedesol en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
¿Qué es la Estafa Maestra?
La “Estafa Maestra” es un término que se acuñó para referirse a un escándalo de corrupción que salió a la luz en 2017.
El caso involucra el presunto desvío de fondos públicos a través de contratos ficticios entre dependencias gubernamentales y empresas; con el fin de financiar campañas políticas y enriquecer a funcionarios y contratistas.
La investigación reveló que diversas dependencias gubernamentales, en particular la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dirigidas por Rosario Robles, firmaron contratos con universidades y empresas para la prestación de servicios que en realidad no se llevaron a cabo.
En lugar de brindar los servicios, el dinero se desvió hacia campañas políticas y se beneficiaron a funcionarios y empresarios. Este esquema permitió el mal uso de miles de millones de pesos de fondos públicos.
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