MARÍA IDALIA GÓMEZ | @gosimai
Una cadena de complicidades permitió y facilitó el secuestro de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y en ella está involucrado el Ejército que brindó protección a las policías estatales y municipales, denunció la Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Y es que los mandos insurgentes sostienen que se han consolidado “los carteles/narcoparamilitares (que) ya son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares oficiales para amedrentar y aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general”.
Este es el segundo comunicado que emite, en una semana, este grupo subversivo sobre el caso Guerrero, pero es el primero que firman los mandos del ERPI Hermenegildo, Cuauhtémoc y Santiago, quienes responsabiliza directamente al presidente Enrique Peña Nieto, a los secretarios de Gobernación y de Defensa, Miguel Ángel Osorio Chong y Salvador Cienfuegos, respectivamente, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al PRD, a quienes advirtió, se les aplicará “la justicia popular”.
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No fue el único comunicado que grupos subversivos emitieron las últimas horas, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y las Milicias Populares ¡Basta ya!, también ampliaron sus posiciones y análisis sobre el ataque a estudiantes en Iguala, coincidiendo nuevamente en los puntos centrales de sus proclamas, lo que muestra que la desaparición de los normalistas, ocurrida hace 22 días, ha posibilitado la existencia de un puente, que no existía, y por el que fluyen en sintonía los discursos de estas organizaciones político-militares.
Paralelamente, cabe recordar que en estos últimos días también hicieron públicas sus posiciones las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FAFRP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP). Las primeras convocaron a un diálogo nacional y las segundas animaron un acuerdo entre organizaciones y anuncian que se preparan para pasar “de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el estado”.
En el más reciente comunicado, el EPR plantea que “en estos tiempos violentos y sobre todo de renovada represión política en nuestro país que ha escalado de los asesinatos selectivos a los crímenes colectivos, como el que en estos momentos están tratando de configurar, con la desaparición forzada de los estudiantes”.
Y las Milicias Populares, que se dieron a conocer hace unos días y de las que no se tienen datos precisos como organización guerrillera, convocan en su comunicado a la movilización y protesta para enfrentar al Estado mafioso y su militarización, siendo este momento la oportunidad histórica para hacerlo, advierten.
Al menos el ERPI, EPR, FAR-LP y las FARP tienen presencia en varios estados del centro y sur del país, y tienen dos ámbitos de acción: el político-ciudadano y el hostigamiento militar que en años anteriores se ha mostrado, sin daños a ciudadanos, con detonaciones de explosivos de corto alcance en bancos, ataques a unidades del Ejército o a instalaciones públicas.
Y en este momento esas organizaciones han convocado a sus fuerzas para la movilización y la acción, incluso el ERPI desplazó una Brigada Popular de Ajusticiamiento para enfrentar al Cártel de Guerreros Unidos y los políticos involucrados en los ataques a normalistas, esto se traduciría, en cualquier momento, en acciones militare-irregulares para detener y someterlos.
El comunicado del ERPI que se difundió ayer por la noche aclara que “no es una organización que se involucre en conflictos entre cárteles del narcotráfico o entre grupos de la delincuencia organizada”, porque enemigo, añade, “es el Estado Mexicano y los poderosos del país”.
“El narcotráfico, más que haber penetrado al Estado, se ha fundido con él en un solo ente y por eso se puede hablar de narco-estado e incluso de un narco-capitalismo, aunque a nivel individual muchos funcionarios participen en grupos criminales distintos y por eso hay enfrentamientos en los que de un bando o de otro actúan funcionarios públicos y miembros del ejército y de las policías”, detalla.
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El Centro de Seguridad Nacional (CISEN), asegura el ERPI, “estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del Presidente Municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicario”.
Y el 26 de septiembre, día en que policías municipales y personas vestidas de civil dispararon contra los estudiantes en Iguala y se llevaron a los 43, “el ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD”, asevera el grupo subversivo en el segundo comunicado que emite, en una semana sobre Guerrero.
“Hoy atacan a los normalistas por ser jóvenes y rebeldes, así como lo hicieron con las comunidades indígenas, movimientos estudiantiles, trabajadores, mujeres y periodistas que resisten con dignidad”, afirma el comunicado.
Es por eso, argumenta el ERPI, que el Estado es responsable, al crear “una fuerza paramilitar que va más allá de los sicarios y pistoleros de la delincuencia, es el Estado el que opera como sicario del narco-negocio y de la ocupación de territorios que pretenden las transnacionales con sus proyectos de muerte”.
Frente a eso, advierte el grupo guerrillero, que se “hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no, aunque sabemos que se pretenderá justificar posibles nuevos crímenes cometidos por el Estado en contra de luchadores sociales y civiles desarmados, adjudicándoselos a un enfrentamiento entre dos o más fuerzas ajenas al Estado, y nada mejor que una de ellas sea una organización del “narco”".
Y adelanta que será responsabilidad de los tres niveles de gobierno “cualquier acto de represión y persecución que cometa contra las y los estudiantes, maestros, comunidades y organizaciones que se están movilizando, los organismos defensores de derechos humanos, los presos y ex presos políticos y los periodistas que defienden del derecho del pueblo a exigir justicia y a protegerse del terror de Estado”.
[su_heading size="22" margin="30"]Un montaje: Milicias Populares[/su_heading]
Para las Milicias Populares, en lo que representa su segundo comunicado ahora fechado el 16 octubre en Guerrero, acusa también al Ejército de estar involucrado y asegura que al encontrar las fosas se pretendía “realizar un montaje haciendo aparecer que los normalistas de Ayotzinapa ya estaban muertos y enterrados a manos de un difuso crimen organizado. Un montaje desde luego intentaría ocultar algo más terrible”.
“Los asesinatos y secuestros que cometieron los policías y sicarios fueron presenciados y resguardados por el Ejército. Los sobrevivientes declaran que, incluso ya en la madrugada del 27 de septiembre, varias horas después de las balaceras contra los estudiantes, la Marina y el Ejército impedían que los heridos recibieran atención médica, es decir tanto el Ejército como la Marina no solamente estaban mientras se cometían los asesinatos y desapariciones forzadas sino que claramente iban contra los estudiantes y a favor de sus verdugos, el crimen organizado”, afirma el grupo subversivo.
La movilización y combativa respuesta, sostiene, frenó esas intenciones de montaje por parte de los gobiernos, por eso se hace más importante exigir que aparezca con vida los normalistas. Este es el momento de enfrentar la militarización con la movilización y protesta popular nacional e internacional, “es el tiempo del trabajo silencioso de fortalecernos como organizaciones populares. La noche no es eterna, hagamos posible el amanecer”.
“Hoy más que nunca necesitamos que nuestra indignación y rabia se conviertan en solidaridad. Hoy más que nunca necesitamos convertir el coraje popular en organización del y para el pueblo. Hoy más que nunca necesitamos la organización de los trabajadores del campo y la ciudad, de los que día a día sobrevivimos a la explotación y al terror”, señala el comunicado.
Las Milicias Populares enumeran los hechos que muestran cómo el Estado pretende desmantelar las normales rurales, que permiten forman a profesores que dan clases en las poblaciones más alejadas y con menos recursos.
“De esta forma eliminan la formación crítica y humanista de los jóvenes campesinos para sustituirla por una educación acrítica. El actual sistema no necesita maestros sino técnicos para que hagan producir más a los ranchos de los capos”, asegura.
- Han cerrado parcialmente la normal de Matumactzá, Chiapas, que sufrió un “asalto” el 6 de agosto del 2003, “en una acción en la que también hubo heridos, detenidos y desaparecidos, incluyendo niños y padres de familia. Ese trabajo sucio lo realizó el gobernador Salazar Mendiguchía, respaldado por el PAN, el PRD y el Verde dizque ecologista. La resistencia de los estudiantes logró posponer el cierre de la escuela normal pero le cancelaron el comedor, el internado y los módulos de producción”.
- La normal rural del Mexe, Hidalgo, “fue convertida en universidad politécnica en el año 2008.
- “Los normalistas de Ayotzinapa fueron reprimidos constantemente por los gobiernos federal y estatal, el 12 de diciembre de 2011 asesinaron a dos estudiantes durante el cierre de la autopista del sol en demanda de mayor matrícula, de 140 a 170 plazas para el ciclo escolar 2011 - 2012 y rechazo al recorte del presupuesto para la escuela”.