Trinidad Ayala Valencia es un cantinero en Navojoa que no puede terminar de pagar una casa de un piso en una calle sin pavimento en aquella ciudad del sur de Sonora. Sin embargo, en septiembre pasado descubrió por la televisión que era dueño de un terreno de 22 mil metros cuadrados en el vado del río en Hermosillo, con un valor comercial de más de 36 millones de pesos, y que lo había vendido en 2 millones de pesos a Juan Valencia Durazo, presidente del PAN en el estado. Ayala Valencia se sorprendió y asustó aún más cuando su nombre apareció involucrado en una operación inmobiliaria en una ciudad que nunca había pisado y se convirtió de manera instantánea en una arma política en contra del candidato panista al gobierno de Sonora, Javier Gándara.
Ayala Valencia parecía maná electoral del cielo en tiempos electorales. Valencia Durazo no era el objetivo, sino Gándara, quien era el presidente municipal de Hermosillo cuando, en vísperas de que terminara su gestión, aprobó la operación de compra-venta, que había llegado a su oficina en forma de una hoja notariada. La historia comenzó cuando la reportera Fátima Monterrosa reveló a principios de septiembre en el programa de Televisa, Punto de Partida, conducido por Denise Maerker, que el Ayuntamiento había utilizado su nombre y su credencial de elector para escriturar 29 mil 991 metros cuadrados en una zona de alta plusvalía conocida como Paseo Río Sonora.
Los terrenos, informó la reportera Monterrosa, le pertenecían al municipio de Hermosillo desde 1943, pero en una decisión del cabildo en noviembre de 2010, la mayoría panista autorizó la regularización de terrenos ejidales, entre los que se encontraban los que supuestamente pertenecían a Ayala Valencia, quien de acuerdo con los libros, pagó medio millón de pesos a la Tesorería para que quedara legalmente aprobada la operación. Dos años después, en febrero de 2012, Ayala Valencia, quien gana 200 pesos diarios como cantinero en “El Paraíso”, en Navojoa, vendió una parte de esos terrenos a Valencia Durazo –no tienen parentesco alguno- en dos millones de pesos.
Monterrosa le preguntó si era dueño de los terrenos. El cantinero le respondió: “No tengo propiedades yo, en ningún lado. Ni tengo ni aquí, voy a tener por ahí. En mi vida he salido de Navojoa”. Desde ese momento se convirtió en una herramienta política, donde el ariete fue la regidora priista Natalia Rivera. El terreno para el conflicto estaba perfectamente arado. Valencia Durazo era un cuadro impulsado por el gobernador Guillermo Padrés, que lo había hecho subsecretario de Agricultura y posteriormente, como parte de su maquinaria política-electoral, secretario general del PAN en el estado. Con Gándara como presidente municipal de Hermosillo, subió a la presidencia del partido en Sonora.
La historia del cantinero circula desde hace tiempo sin que nadie haya rendido cuentas por lo que parece ser una irregularidad comprobada. Días después de aparecer la investigación en Punto de Partida, Ayala Valencia presentó una denuncia de hechos ante el ministerio público del fuero común en Navojoa, contra quien resultara responsable por los delitos de falsedad de declaraciones rendidas ante el notario público, falsificación de documentos, variación de su nombre “y lo que más resulte”. La respuesta de Valencia Durazo fue que era inocente, y que la operación inmobiliaria había sido entre particulares.
Desde entonces, lo único concreto es que Gándara es candidato del PAN al gobierno de Sonora, y Valencia Durazo sigue como líder estatal del PAN. Judicialmente no ha pasado nada ni pasará en los próximos días. Si Gándara gana la elección, más difícil será que se proceda en su contra. Los regidores priistas han denunciado a Gándara y piden que vaya a rendir cuentas a la justicia, pero la mayoría panista han frenado cualquier intento de investigación. El Poder Judicial, visto está, es inexistente. La síntesis es como en todo México: la impunidad vuela rampante.
El fraude en el vado del río se comenzó a construir desde que llegó Gándara a la alcaldía. En septiembre de 2009, retomó una resolución presidencial de 1943 y aprobó en el cabildo la regularización a particulares de terrenos ejidales. Al año siguiente, con un poder de Ayala Valencia, su credencial de elector y la hoja notarial del licenciado Miguel Enrique Martínez Serrato, el cabildo autorizó la regularización a favor de él el 11 de noviembre de 2010. La operación mercantil fue en libros. El cantinero de Navojoa nunca vio frente a él un peso, ni supo lo que se había hecho en su nombre, o cómo y quiénes falsificaron sus documentos, y un notario se prestó para una operación fraudulenta.
El tema se convirtió en uno de los más para denostar electoralmente a Padrés, que tiene sobre sus hombros varias acusaciones de corrupción y es jefe político de la campaña de Gándara, quien no se ha inmutado por lo que sucedió. Este caso, más allá del uso electoral que se le ha dado sin mucho éxito, sería un escándalo en cualquier país, al tener todas sus acciones ilegales documentadas y abiertos al público. En Sonora no es así. En realidad, tampoco en México, donde la corrupción es abierta y la impunidad vive en un paraíso, igual a como se llama la cantina donde Ayala Valencia sigue trabajando hasta estos días. México, pueden pensar muchos, ya no creo en ti.
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