La crisis más grave que atraviesa el país acontece con motivo de la pérdida de confianza del pueblo de México hacia sus instituciones. Es la síntesis que puede ofrecerse con respecto al fenómeno de inestabilidad nacional del que se ha reportado durante las semanas pasadas, prácticamente desde el 26 de septiembre en que tuvieron lugar los desconcertantes acontecimientos de Iguala.
De entre muchas causas posibles, tres pueden citarse entre las generadoras incuestionables de la situación anterior: la corrupción, el crimen y la impunidad. Porque no es sino con motivo de la inaplicación de la ley, o a través de la aplicación desigual de la misma, que los ciudadanos dejan de observar en el derecho y en las instituciones encargadas de hacerlo cumplir, un cause válido y legítimo para alcanzar sus anhelos. Invitación irrechazable que los lleva a delinquir o a conducirse al margen de los linderos que definen el deber ser.
El camino de la recuperación de la confianza lo debemos andar todos a la vez, pues en la identificación de los males que se deben erradicar, no existe cabida para la indisciplina si a través suyo las instituciones renovadas pudieran ser cuestionadas. El trabajo para la eliminación de la corrupción nos concierne a todos como una unidad, pues es un futuro común el que debería construirse desde su base y ese porvenir sólo atañe a los mexicanos.
La corrupción incumbe a todos, pues no sólo es corrupto quien desde el gobierno realiza actos inmorales y ajenos a la ley, sino también quien dentro del sector privado lo propicia o quien teniendo la obligación de denunciarlo guarda silencio. La refundación de la legalidad amerita un compromiso nacional que no distingue edad ni condición social.
Una iniciativa que se debe valorar con entusiasmo es la que fue presentada en Nueva York el mes pasado por el Presidente Peña Nieto, durante la asunción de la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, a través de la cual se propone un diálogo constructivo entre los gobiernos de los sesenta y cuatro países miembros y la sociedad civil, para redefinir los principios de transparencia y la rendición de cuentas como herramientas del ciudadano para conocer y valorar el desempeño de su gobierno.
Como el mismo titular del Ejecutivo Federal lo ha expuesto en el foro internacional, a través de la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, el país va dando pasos por adelantado que servirán de ejemplo en otras latitudes alrededor de este tema. Una cuestión a la que aquí queremos referirnos, sin embargo, permanece todavía intocada. ¿El papel del ciudadano en la vigilancia del desempeño cotidiano del servidor público debe ser siempre con respecto al ejercicio concluido de la función encomendada?
Se ha dicho poco con relación a la conveniencia que puede traer aparejado el uso de tecnologías de la información y recopilación electrónica de datos, como instrumento legal permitido en la trascendente labor de vigilancia del servicio público e información a la ciudadanía.
Una queja de la que he escuchado comentarios y leído críticas en no pocas ocasiones, tiene que ver con la reacción siempre violenta de las autoridades administrativas, en el momento en el que un ciudadano aprovecha su teléfono como mecanismo de videograbación y registro de la labor administrativa del servidor público.
No puede negarse el hecho de que debe existir una categoría de actos, relacionados con la persecución e investigación de un delito, con la conservación de la paz y la seguridad nacional o con la impartición de justicia, que no tendrían porqué ser susceptibles de ser videograbados. Sin embargo, en la cotidianeidad del desenvolvimiento de la labor administrativa y de atención al público, ¿cuál podría ser la causa para impedir la utilización de una base de video?
Los ciudadanos son observados en sus actividades cotidianas a través de cámaras cuya existencia, tan universal, se convierte en una acción tan reiterada y ordinaria que se hunde en el olvido. Los Poderes legislativo y Judicial son sujetos de observación y crítica permanente por parte del ciudadano, que a través de señales televisadas pueden apreciar el desenvolvimiento de ministros, diputados y senadores en tiempo real.
El artículo 6 de la Constitución protege el derecho más amplio a la información que sea posible, y su interpretación debe ser progresiva y del modo más beneficioso posible para la protección de esta garantía de carácter social, según lo ordena el artículo 1º de la misma Carta Magna.
Si existen organismos como la Comisión Federal de Telecomunicaciones que por mandato de ley habrá de grabar y conservar los registros y videos de las sesiones que se llevarán a cabo con motivo de su labor, dentro del concepto y proposición del gobierno abierto, y con apego a lo dispuesto por el artículo 6º constitucional al que nos hemos referido en esta ocasión, no veo causa alguna que justifique cualquier oposición para que las filmaciones que realicen los particulares y de las que puedan ser sujetos los servidores públicos, en materias no protegidas como las que ya han quedado citadas arriba, gocen de una protección legal y un valor jurídico que pueda servir como prueba ante las autoridades encargadas de la fiscalización del servicio público, para prevenir y sancionar la corrupción.
En la recuperación de la confianza por las instituciones, los adelantos más modernos deben ser un instrumento que facilite la transparencia, como cauce para la erradicación de la corrupción.