El lunes pasado The New York Times, el periódico más influyente en el mundo –porque representa los intereses del país más poderoso del mundo-, publicó un editorial donde critica al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por “haberse resistido tercamente a la rendición de cuentas”. El editorial intriga por lo inusual de su contenido reduccionista, sesgado y, sobretodo, por la inusual pobreza en su calidad de información. El editorial tiene, sin embargo, un dardo envenenado: que el Gobierno acepte que el grupo de expertos internacionales, coadyuvante en la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, se inmiscuya en forma irrestricta y absoluta en el sistema de justicia mexicano. Es decir, que el Estado Mexicano se subordine a leyes internacionales.
El precedente se encuentra en Guatemala el año pasado, luego que en 2012 el Gobierno guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia en la investigación de los grupos paramilitares y los aparatos clandestinos de seguridad. La Comisión, encabezada por el venezolano Iván Velásquez, se metió rápidamente en otros temas, como la investigación de corrupción en el sistema aduanero, que produjo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su captura, acusado de encabezar la organización criminal que cometió esos delitos.
En una entrevista con la agencia rusa Novosti en agosto pasado, Michael Mörth, uno de los artífices de la Comisión, dijo que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. Una parte de ese deseo-estrategia, ya se cumplió. El Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández aceptó el año pasado la propuesta de sus opositores para instalar una comisión similar a la guatemalteca que enjuicie a los involucrados en actos de corrupción, y está terminando de afinar los detalles de ello con funcionarios estadounidenses que, como en Guatemala, son los arquitectos del modelo jurídico transnacional.
México es lo que aún les falta en el diseño revelado por Mörth. El Times de Nueva York, se puede plantear como una hipótesis de trabajo, es la segunda parte del engranaje. “No es demasiado tarde para el gobierno reconocer que su investigación estuvo mal hecha y le dé a los investigadores internacionales acceso incondicional al personal del gobierno”, concluye el editorial del Times. “Esto puede ser muy poco para salvar la reputación de Peña Nieto, pero es lo menos que puede hacer por las víctimas de una de las peores atrocidades de derechos humanos en México en la historia reciente”. El editorial motivó una respuesta de la coordinación de Prensa Extranjera y Marca País de la Presidencia, encabezada por Paulo Carreño, quien en una carta que aún no publica el periódico, refutó cada uno de los puntos que, sin el balance y la objetividad que caracteriza muchos de los otros contenidos del diario, fueron planteados en el editorial.
Esa opinión fue firmada por el Consejo Editorial, que de acuerdo con personas que conocen su conformación actual, lo integran 18 personas bajo la dirección de un veterano periodista, Andrew Rosenthal, hijo de uno de los directores leyenda que ha tenido el diario. Pero a diferencia de otros tiempos donde en su staff hay intelectuales o periodistas con experiencia de campo, el actual Consejo Editorial no cuenta con nadie que tengan conocimiento de México. Sólo hay un latinoamericano de origen colombiano que, sin embargo, nunca ha vivido fuera de Estados Unidos.
El editorial no se refirió a ninguna información reciente, ni está contextualizado o entró como efeméride. De hecho, en los últimos 45 días el Times sólo publicó cinco noticias relacionadas directamente con México, ninguna vinculada con los temas del editorial. Personas que conocen la elaboración de este editorial dijeron que no participaron los dos responsables de los temas internacionales, sino quienes se encargan de los asuntos domésticos, lo que es importante porque cambia totalmente el destino de las audiencias. ¿A quién iba dirigido entonces?
Al gobierno del Presidente Barack Obama no, porque es precisamente su Administración la que puso a andar la estrategia. ¿A los aspirantes a la Casa Blanca en este mes que empiezan la campaña presidencial? Es posible. La tercera parte del engranaje son los grupos de interés que inciden en el Capitolio, que ya comenzaron a operar tras el editorial. Uno de ellos, la Oficina en Washington para América Latina, conocida por sus siglas WOLA, distribuyó el miércoles un comunicado de prensa en donde pidió, como prueba de voluntad política para resolver el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que México acepte que los expertos extranjeros tengan privilegios legales extraordinarios.
La intentona estadounidense por sobreponerse a la soberanía mexicana ha tenido eco en México en sectores de izquierda y de derecha, pero su éxito o fracaso depende de las élites en el poder: si no se fracturan, la presión interna será débil; si se fracturan, ganará Washington. Es un debate polar. ¿Las diferencias con el gobierno de Peña Nieto son suficientes para aceptar que las pretensiones de subordinación son un costo inferior a los beneficios? Esta es la pregunta de fondo sobre lo que el editorial del Times sugiere. Ya veremos en qué campo cada mexicano quiere pelear.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa