Antonio Cuéllar

El Acuerdo de la Secretaria de Energía en materia de confiabilidad del sistema eléctrico plantea un retorno a la estatización del sector. ¿Dónde encuentra su génesis esa idea y hacia dónde nos conduce?

El modelo estatista de la economía era una realidad con la que el mundo vivió durante el siglo pasado; sobre todo después de la segunda guerra mundial. México no escapó a ese pensamiento. La expropiación, la estatización o la nacionalización como vehículo de control estatal, se ocupó para que el Estado asumiera la propiedad de las principales empresas del país, desde la encargada de la exploración y explotación del petróleo, la de telefonía y comunicaciones, los ferrocarriles, la encargada de la generación de energía eléctrica y, al final, hasta la banca y crédito.

Esa hegemonía y control que ejerció el Estado en todos esos ámbitos de la economía, sin embargo, provenían de un poder monopolizador de las decisiones políticas que siempre quedó confiado a una única persona: el Presidente de la República.

Un vicio lamentable de ese modelo de gobierno, tuvo que ver con la volubilidad de los destinos nacionales en función de la personalidad y el pensamiento del Presidente en turno, de ahí los cambios sexenales de objetivos de crecimiento y, con ello, el despilfarro.  La elección de los proyectos de infraestructura nacional se cifraba en la posibilidad de que su construcción y arranque concluyera en un sexenio, para garantizar la perdurabilidad del nombre del Presidente que lo había auspiciado en los libros de historia.

Ese poder absoluto del presidencialismo, codiciado por todos quienes aspiraban a esa altísima función, fue asimismo un factor decisivo en el arraigo y crecimiento de la corrupción, porque así como el Presidente de la República decidía qué se construía, también tenía la última palabra para designar al beneficiario de los multimillonarios contratos elaborados para su ejecución.

A lo largo de los últimos cuarenta años, las generaciones de gobernantes que advinieron a esa época estatista de desarrollo nacional, la mayoría de ellos formados en las más prestigiadas universidades extranjeras, se encargaron de destruir esa forma personalísima de gobierno para construir instituciones que garantizaran un modelo más democrático del quehacer público.  La colegiación de las funciones estratégicas del gobierno garantizan no sólo racionalidad científica en la asunción de las resoluciones de la tarea que tienen encomendada, sino también continuidad en la concepción y seguimiento de políticas públicas y, sobre todo, erradicación de la corrupción.

Las reformas al marco jurídico de la última generación, propusieron un modelo atomizado del poder público que salvaguardaba esa visión democratizadora de México, y la posibilidad de que la conducción de las industrias del Estado siguieran un cause empresarial, más que con el ánimo de subsidiar un subdesarrollo ciudadano monopolizado por los partidos, para generar ganancias que se aglutinaran a las finanzas del Estado para hacer frente a las verdaderas necesidades del pueblo de México.

A lo largo de los últimos meses hemos visto resurgir el individualismo de la figura presidencial. Desde el arranque de su gobierno ha perseguido acabar con algunos organismos colegiados a los que se les asignó una función esencial de gobierno en el ámbito del progreso y de la educación.  Acabaron con el INEE y el CONEVAL.

Por la formación universitaria y la cicatriz ideológica que lleva en el pecho el líder moral del partido en el poder, se ha soslayado la toma inaudita de decisiones con hondo calado presupuestal, como las de terminar con el proyecto del Aeropuerto, o construir una refinería y un tren en momentos y lugares que demuestran su absoluta inutilidad.

La semana antepasada se publicó un Acuerdo secretarial que, bajo la forma de una Política de Confiabilidad y Calidad energética, persigue claramente el propósito de estatizar la generación de energía eléctrica, no obstante el alto costo ecológico y los graves descalabros que la administración de esa Empresa del Estado ha tenido para todos los mexicanos en el pasado.

Estamos viendo, sin lugar a dudas, el regreso de un modelo de gobierno que había quedado superado, en la cabeza de personas que se formaron en la época del supremo presidencialismo nacional, y a quienes no les llegaron modelos de administración de la política mucho más modernos y adecuados para las nuevas generaciones de mexicanos.

No resulta extraño, pues, aunque sí alarmante, leer los informes que demuestran el grave crecimiento de la corrupción y su alto costo en la economía nacional.

Una preocupación debe surgir con relación a todo este fenómeno que el país atraviesa: durante muchos años, el proceso sucesorio en el gobierno se confió a una sola persona, que era el Presidente en turno.  Eso socavó la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas, pervirtió a la política y puso en riesgo la estabilidad y la paz social.

Muchas vidas, muchos años, mucho trabajo y mucho dinero ha significado poner y mantener en marcha un sistema electoral que ha venido ganando confianza y ha garantizado la alternancia en el poder.  Mucho esfuerzo ha significado igualmente llegar a gozar de libertad en el ámbito de la información y la comunicación nacional, que incide en el anterior.

¿De qué manera, la formación ideológica de Andrés Manuel López Obrador y el partido político que lo acompaña en San Lázaro, servirá para respetar o habrá de incidir en ese marco institucional básico del que depende el futuro del país?

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley Bonilla fue un caso paradigmático que demuestra la fortaleza de la institución judicial del país. La autonomía del Poder Judicial se apuntala y se sientan las bases para demostrar de qué está hecho México. Las sentencias que definan la procedencia y éxito de los amparos hechos valer contra el Acuerdo Nahle, pueden ser la carta para que este gobierno goce de credenciales para dar una vuelta al timón que nos regrese hacia el pasado; o bien, el freno que los obligue a tomar medidas más mesuradas y transparentes para cumplir con el compromiso electoral de transformación social.

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