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Olinka Valdez

Frente a la pandemia de Covid-19, el gobierno federal no ha presentado propuestas y alternativas que prioricen las condiciones sociales más vulnerables, ya que los “programas estandarte” de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador privilegia las transferencias y la atención de grupos específicos, entre ellos personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores.

Sin embargo, deja de lado a trabajadores, formales e informales, y mujeres que han sido afectados por la pandemia que, hasta ahora, ha dejado una estela de 825 mil 340 casos confirmados y 84 mil 420 decesos.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la organización Signos Vitales, “México Enfermo”, las perspectivas de progreso en el país muestran un panorama poco favorable para la recuperación de los estragos ocasionados por la pandemia mundial en sólo nueve meses.

La organización civil encabezada por Carlos Lascuráin, y en la que participan María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles, entre otros, reporta que tan sólo en los primeros cuatro meses de la pandemia, la población en condición de pobreza aumentó más de lo que había disminuido en toda una década y alrededor de 12 millones de personas cayeron en pobreza.

“La clase media baja, denominada clase media vulnerable, se redujo de 34.2% en febrero a 26.1% en junio. Es decir, casi 9 millones de personas de la clase media vulnerable pasaron a ser pobres”, destaca.

El desempleo, la reducción en los ingresos y el aumento en la inseguridad alimentaria podrían ocasionar un repunte importante en los niveles de pobreza de la población mexicana. Según estimaciones del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), el impacto por Covid-19 podría llevar a 76.2% de la población mexicana caer en situación de pobreza y 20.7% en pobreza extrema.

Sin embargo, la pandemia no sólo ha afectado las posibilidades económicas de la población, sino que ha agudizado las grandes brechas de atención en los servicios de salud, en el sistema educativo, por lo que sobrepasa la respuesta gubernamental “evidenciando la falta de liderazgo de un gobierno que, en principio, velaba por los grupos vulnerables”.

El informe destaca que las prioridades de la administración federal no están orientadas  a ofrecer una respuesta dinámica a las condiciones actuales de desigualdad, agudizadas por la pandemia, ya que no existe un programa de respuesta a las crecientes necesidades de cobertura, calidad, accesibilidad y utilización de programas de salud y nutrición.

“No ha habido interés en apoyar los gastos de los grupos vulnerables que consideren tanto la calidad como la cantidad necesaria de alimentos en su población. Se trata más bien de un esquema apegado a un rígido sistema asistencialista”, destaca.

Y, en los hechos, la distribución de los apoyos de los programas sociales parece tener una racionalidad electoral y no seguir al principio de “primero los pobres”. 

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