Invisibilizar a las mujeres se está haciendo costumbre en Palacio Nacional. La venta de niñas y adolescentes en comunidades indígenas es indignante y es un delito que se llama trata de personas. Todos deberíamos alzar la voz para condenarlo y erradicarlo, pero hay quienes minimizan los hechos como ya saben quien.
La miopía del presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha salido cara: desaparecieron las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de la violencia, los apoyos gubernamentales a fundaciones que atienden el cáncer de mama. Nos pusieron un “muro de paz” el 8 de marzo, surgieron políticos señalados por violación que han sido protegidos y ahora esto.
“Yo lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe de estigmatizar a las comunidades indígenas porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción”, dijo AMLO.
No importaron los videos, las historias, las mujeres que piden ayuda. Tal parece que las declaraciones de AMLO sobre la venta de niñas y adolescentes son para minimizar otro tema: la tragedia de la Línea 12 del Metro. El tabasqueño es experto en desviar la atención, eso nadie lo duda, pero… ¿y la sociedad?
Igual de graves son las declaraciones de López Obrador que la apatía de las personas. La venta de menores de edad debería ser un escándalo. Y a todo esto ¿Y la CNDH ‘apá? Pues bien, gracias.
¡Ojo! El ministro en retiro José Ramón Cossío recordó que el artículo 2 de la Constitución habla de la protección a la integridad de las mujeres.
La Red de los Derechos de la Infancia en México alertó sobre la venta de menores en la montaña alta de Guerrero, en Chiapas, Estado de México y Oaxaca, pero los usos y costumbres de los pueblos originarios NO pueden estar por encima de los derechos humanos.
La diputada Adriana Dávila dejó claro que la venta de cualquier ser humano es un claro delito de trata de personas.
La diputada Martha Tagle enfatizó que estos casos se llaman violencia contra mujeres y niñas, es un delito, por lo que al Estado le toca prevenirlo, sancionarlo y erradicarla, no sólo promover valores.
Se escucharon otras voces al respecto, pero en general hubo apatía a pesar de ser un tema que debería tener a la sociedad muy indignada.
Respiren profundamente porque ahí les van las cifras: el matrimonio infantil persiste en 66 pueblos de Guerrero y en donde la ONG Tlachinollan ha documentado que las familias reciben ¡desde dos mil hasta 18 mil dólares! por la venta de una niña o adolescente de entre nueve y 17 años. ¡Así como lo están leyendo!
¿En donde terminan los usos y costumbres y en dónde empieza el delito?
Les recuerdo que a quien cometa trata de personas en contra de una persona menor de edad o en contra de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo se le castigará con nueve a 18 años de prisión y de 750 a dos mil 250 días multa.
Para el presidente esto no es grave, como tampoco fue grave que Félix Salgado Macedonio tuviera denuncias por abuso sexual, ni que Morena tenga en sus filas al diputado Saúl Huerta, acusado de violación de menores.
Es más, a AMLO se le preguntó sobre la presunta trata de mujeres del candidato de Morena a la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, y ¿saben qué dijo?: “Tomo nota”. Como dirían por ahí: “hágase justicia en los bueyes de mi compadre”.
No se acostumbren. No normalicemos la violencia.