A dos semanas del incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó a 40 personas sin vida y 24 heridos, las investigaciones continúan, pero los encargados de la política migratoria del país también continúan en sus cargos.
Este fin de semana, el gobierno de El Salvador, país de origen de al menos siete de las víctimas, calificó lo sucedido como un crimen de Estado y exigió la renuncia de los responsables de la política migratoria de México.
“El Salvador califica lo sucedido como un crimen de Estado, por lo que exigió que se condene a los culpables. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de las personas migrantes. Por lo que exhorta a las autoridades mexicanas a seguir con el proceso judicial pertinente”, señaló la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.
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Este lunes, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la petición del gobierno de Nayib Bukele es correcta, que están en su derecho; sin embargo, reiteró que primero se debe esperar los resultados de la investigación.
“Sólo que tenemos que esperar a que la fiscalía termine el proceso de investigación que está en marcha; hablábamos hace un momento de que ya hay orden de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía”, señaló.
Advirtió también que su gobierno no es como “los de antes”, que no son represores ni violan los derechos humanos. Que estos casos le duelen mucho, pero que ya no es propósito del Estado mexicano el violar derechos humanos.
Incluso, señaló, que el padre Solalinde, desde antes de la tragedia, quiere participar para la protección de los migrantes, con un cambio radical en el Instituto Nacional de Migración (INM), sin participación de la Guardia Nacional, cambios que podrían llegar cuando se termine la investigación. Entre estos cambios podría estar la destitución de Francisco Garduño (en la imagen) como titular del INM.
El pasado 28 de marzo, un incendio en un centro de detención del INM en Ciudad Juárez, dejó a 40 migrantes sin vida, entre ellos, 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.
Hasta ahora, se ha procesado a cinco presuntos responsables del accidente: tres agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, señalado de ser quien inició el fuego.
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