Enrique Acevedo

En diciembre de 2018, apenas unas semanas después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia, su canciller Marcelo Ebrard anunció el plan de inversión para Centroamérica con el que la 4T buscaba fomentar el desarrollo en el sur de México y en los países del llamado Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador. El plan que presuntamente sería cofinanciado por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos tenía el objetivo de impulsar el progreso en la región para disminuir la migración indocumentada desde Centroamérica que ha ido en aumento desde 2014 con repuntes en 2016, 2019 y más recientemente en 2021.

Durante la presentación del proyecto, Ebrard dijo que buscaba una Centroamérica “más próspera y segura”. El proyecto arrancó con muchas promesas, pero con pocos recursos. Un análisis de la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reveló que solo 180 de los 10 mil 600 millones de dólares anunciados por el canciller mexicano eran nuevos recursos. Casi la mitad del dinero llegaría a través de préstamos que facilitaban la participación de la iniciativa privada mientras que el resto formaba parte del paquete de ayuda que ya había sido aprobado por el Departamento de Estado y la agencia independiente Millenium Challenge Corportation para la región. 

La falta de recursos era solo una de las preocupaciones entre los críticos del programa. El canciller Ebrard resaltó el objetivo de crear una Centroamérica más segura, pero nunca aclaró si los recursos del proyecto iban a utilizarse para fortalecer las instituciones, el estado de derecho o el desempeño de las corporaciones encargadas de impartir y procurar justicia en esos países. Poco más de dos años después, queda claro que este ha sido uno de los grandes fracasos del anuncio luego de la ruptura de orden democrático en El Salvador y de los escándalos de corrupción e impunidad en Honduras que son citados por los propios migrantes como los factores que empujaron su salida desde Centroamérica. 

En Washington, Trump hizo poco caso a la propuesta mexicana, obligando al gobierno de AMLO a emprender unilateralmente algunas de sus ideas. Así nace el programa de siembra de árboles conocido como Sembrando Vida, con el que México brinda asistencia a países de Centroamérica. Para López Obrador, la siembra de millones de hectáreas en la región del triángulo norte contribuiría a detener los flujos migratorios hacia Estados Unidos bajo la falsa noción de que la inversión en reforestación podría crear más de un millón de empleos. En julio de 2019, México entregó 30 millones de dólares a El Salvador para la siembra de árboles frutales y maderables en comunidades rurales sin que hasta el momento se conozcan los efectos que esas inversiones han tenido en las comunidades expulsoras dentro El Salvador. 

Recientemente el canciller Ebrard volvió a pedir al gobierno de Estados Unidos apoyo para su plan de desarrollo durante la reunión de alto nivel que sostuvo con funcionarios de ese país en la sede de la cancillería. La propuesta sigue siendo considerada por Washington, mientras tanto la 4T insiste en la idea de los árboles milagrosos. Durante la cumbre sobre cambio climático organizada por el presidente Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador reiteró que la solución a la migración y a los efectos del cambio climático está simplemente en plantar más árboles. La pregunta es cuánto tiempo, cuántos millones y cuánta inestabilidad política en la región se pueden seguir gastando antes de que reconozca su error. 

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