En mayo del 2020, el virus responsable de la Covid-19 se extendió a tres generaciones de la familia Ortega. En cuestión de semanas, 10 miembros de la familia se contagiaron del virus y el patriarca, Salvador Ortega pasó 7 semanas en el área de cuidados intensivos de un hospital de Iowa luchando por su vida.
Los Ortega viven en Colombus, Junction. Un pequeño poblado en el corazón industrial de los Estados Unidos sostenido por el negocio de las plantas empacadoras de carne que operan en Iowa. Luego de que un brote epidémico en una de las plantas de alimentos de la empresa Tyson convirtiera a la ciudad en uno de los lugares con la tasa de contagio per cápita más altas del país, familias latinas como los Ortega comenzaron una lucha por su supervivencia. Políticos conservadores alrededor del país, culparon a estos trabajadores, en su mayoría inmigrantes mexicanos, de propagar el virus sin reconocer que lo habían contraído al desempeñar funciones consideradas indispensables para el funcionamiento de la economía estadounidense, y que una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump, había obligado a mantener abierta la industria de alimentos y su cadena de suministros.
Cuando la gente habla de la clase trabajadora en Estados Unidos, rara vez se refiere a la mano de obra de bajo costo en la que están sobre representados los trabajadores latinos. Inmigrantes con y sin documentos, nacidos en Estados Unidos y también extranjeros que son una parte vital y dinámica de la economía estadounidense. Su trabajo protege sectores críticos del sector industrial como el de las empacadoras de carne, que muchas veces resultan poco atractivos para otros segmentos de la población. Además, su trabajo expande las oportunidades y el ingreso de más estadounidenses, así como la productividad, las contribuciones fiscales y la tasa de ocupación que juegan un papel fundamental para el éxito de la economía más grande del mundo.
Desde un punto de vista completamente utilitario, la economía estadounidense no podría funcionar sin las contribuciones y el trabajo de los inmigrantes latinos que han sido constantemente criminalizados y deshumanizados, incluso durante la pandemia y mientras realizaban una función que la propia sociedad estadounidense reconoce como esencial. A nivel nacional, más de un tercio del total de los trabajadores empleados por las plantas son latinos y en Estados como Nebraska y Arkansas ese porcentaje es casi 50 por ciento. La mayor parte de estos trabajadores nacieron en México y viven en Estados Unidos sin documentos.
El trabajo en las plantas empacadoras de alimentos es peligroso. Un estudio revela que los trabajadores son 32 veces más propensos a ser portadores de la variante de la bacteria E-coli que es resistente de los antibióticos. La mayor parte de los trabajadores no tiene acceso a beneficios como el pago de incapacidad y muchos reportan no tener acceso a fondos para cubrir los costos médicos asociados con sus oficios. El sueldo es bajo, los ascensos son prácticamente inexistentes y las denuncias de explotación frecuentes.
Como ocurre en otros sectores en los que la mano de obra de los inmigrantes resulta indispensable, los trabajadores de la multimillonaria industria empacadora de alimentos (el ingreso de todas las empresas en el sector alcanzó los 750 mil millones de dólares el año pasado) son prácticamente invisibles para el resto de la sociedad. Sus historias son ignoradas y pocas veces llegan a las primeras planas de los medios, pero el impacto de la pandemia en todos los sectores de la sociedad estadounidense ha reavivado una conversación sobre el doble estándar en el que opera este país, explotando y recibiendo los beneficios de la mano de obra barata y confiable que aportan los inmigrantes, mientras al mismo tiempo niega sus contribuciones y los utiliza como carnada electoral.
El uso del término esencial para explicar las aportaciones que los inmigrantes, — principalmente los de origen mexicano— realizan a la economía estadounidense debe ser reconocido con una reforma integral que incluya una vía para la legalización de millones de estos trabajadores que llevan décadas esperando su incorporación formal a la sociedad estadounidense. La contradicción es insostenible, no pueden llamarlos indocumentados y esenciales al mismo tiempo.