Foto: Especial

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Redacción ejecentral

Christian Téllez Padilla tenía 30 años cuando fue víctima de desaparición forzada en octubre de 2010. Nueve años después el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) emite una resolución por su caso: el Estado mexicano debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias en las que desapareció. 

De acuerdo con documentos de la denuncia que sus familiares, representados por I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Téllez, quien era estudiante de la Universidad del Golfo de México, Campus Poza Rica, Veracruz, fue interceptado y detenido por elementos de la Policía Intermunicipal el 20 de octubre de 2010, desde ese día su paradero es desconocido. 

Aproximadamente a las 3:30 pm, a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, interceptaron a Téllez Padilla, lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas. 

Su esposa, quien seguía el auto de su cónyuge en su camioneta, intentó seguirlos, pero cuando las patrullas se pararon para preguntarle lo que buscaba, llegaron dos policías en motocicletas que se colocaron frente a ella, impidiéndole el paso. 

La tarde del 21 de octubre de 2010 la familia encontró el automóvil de la víctima en un lote baldío y dio aviso a la Procuraduría. El experto enviado tocó el volante del automóvil sin utilizar guantes e indicó a los familiares que no podía realizar el dictamen dactiloscópico debido al polvo. 

La familia del desaparecido no fue escuchada y sus denuncias omitidas, los protocolos para la búsqueda urgente fueron débiles o nulos. 

La esposa de la víctima identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero fueron despedidos por sus supervisores, quienes luego fueron arrestados, sospechosos de estar vinculados al grupo del crimen organizado «Los Zetas».

El Comité de Derechos Humanos señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no podía basarse en la confesión de las autoridades posiblemente involucradas. 

Por ello, el Estado mexicano debe llevar a cabo una investigación exhaustiva. En su decisión, el Comité solicitó a México que informara dentro de los 180 días, detallando las medidas que ha tomado para remediar la situación.

NR

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