En 2021, los gobiernos estatales contrataron, por un monto de 3 mil 111 millones de pesos, a empresas sancionadas, de reciente creación o “fantasmas”. De acuerdo con la investigación Compras públicas estatales, ¿dónde quedaron los datos?, publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), los gobiernos locales pagaron 2 mil 360 millones 528 mil 583 pesos a proveedores sanciones.
En tanto, a las de reciente creación, es decir, a las compañías con menos de un año de actividades, les asignaron contratos por un monto de 748 millones 737 mil 11 pesos; y 2 millones 695 mil 800 pesos fueron destinadas a empresas “fantasmas”.
En resumen, las administraciones estatales erogaron 3 mil 111 millones 961 mil 494 pesos a proveedores calificados como riesgosos, de acuerdo con la investigación.
Las entidades que más dinero entregaron a proveedores sancionados son Michoacán, con mil 23 millones de pesos; le siguen Oaxaca con 539 millones de pesos; Ciudad de México, con 377 millones de pesos; Aguascalientes, 178 millones de pesos; y Veracruz, 89 millones.
En tanto, Jalisco fue el que más recursos destinó a las empresas de reciente creación, con un presupuesto de 122 millones de pesos; le sigue Quintana Roo, con 108 millones de pesos; Ciudad de México, con 89 millones de pesos; Veracruz, con 76 millones de pesos, y Oaxaca, con 48 millones de pesos.
En contraste, Sonora, Zacatecas y Coahuila son las entidades que menos dinero entregaron a empresas riesgosas, mientras que Colima y Nayarit no contrataron.
De acuerdo con la investigación, el 26% de los 346 mil millones de pesos gastados por los gobiernos locales el año pasado se realizó mediante adjudicación directa, es decir, sin un proceso de competencia entre proveedores.
Tan sólo en San Luis Potosí el 78% de sus compras se realizaron bajo el procedimiento de adjudicación directa. Le siguen Zacatecas con el 71% y Coahuila con el 70%; Tlaxcala, con el 63%; y Ciudad de México, con el 50 por ciento.
“En 2021, seis de cada 10 adjudicaciones directas registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia no cuentan con un enlace directo al contrato”, se expone en el documento. Los gobiernos de menos accesibilidad son Coahuila, Sonora y Tamaulipas.